Los limpiaparabrisas eligen intersecciones como la Amazonas y República. Foto: Alfredo Lagla/EL COMERCIO
Cuando la luz del semáforo cambia a rojo, un chorro de agua jabonosa nubla el parabrisas. El conductor tiene segundos para aceptar que la persona que lanzó la mezcla limpie el parabrisas o para decir que no y hasta accionar las plumas para impedirle que siga.
Las horas pico, que son las más difíciles para los conductores de Quito, se convierten en una oportunidad para personas que se dedican a diario a esta actividad -considerada por el Patronato San José como un tipo de mendicidad encubierta- a cambio de algunas monedas.
Hasta octubre del 2017, el Patronato identificó a 76 personas que de forma reincidente se dedicaban a esta labor informal, algunas consumían sustancias sicoactivas. En este reporte se determinó que 23 de ellas eran ecuatorianas y el resto venía de Venezuela y Colombia. Uno era haitiano.
Por ahora se actualiza el registro, pues la cifra varía constantemente. Según Daniela Peralta, jefa de Ejecución y Servicios de Otras Temáticas del Patronato, se hizo el diagnóstico para buscar formas de garantizarle al grupo vulnerable el ejercicio de sus derechos.
El factor común entre los limpiaparabrisas es la falta de empleo, sea porque no lo han conseguido, pese a buscarlo constantemente, o porque han decidido no hacerlo y prefieren la informalidad.
La forma de llegar a este trabajo suele ser por referencias. Los migrantes que dejan su país por situaciones económicas, políticas o personales conocen a otros y, al no hallar una salida económica, se mimetizan con población que vive en esta condición y buscan crear vínculos afectivos.
El caleño Alejandro es defensor de derechos humanos y pertenece a la mesa de víctimas del Valle del Cauca. Él debió salir de Colombia tras sentirse amenazado y, luego de meses de buscar trabajo, aceptó el consejo de otras personas de tomar un limpiavidrios y buscar suerte en las calles.
Ahora, los casi USD 6 que reúne a diario le sirven para pagar arriendo y otro tipo de necesidades. Parte de su alimentación la tiene cubierta gracias a una ONG que apoya a migrantes y refugiados.
Él trabaja junto a Víctor Manuel, de Buenaventura, Colombia. Ambos esperaban encontrar un trabajo estable, pero ahora su única opción es el trabajo en la calle. Para él, lo más duro ha sido enfrentar el racismo. Cuenta que hay quienes ven su tez y cierran los vidrios: “Al vernos piensan que les vamos a robar o de manera irrespetuosa les vamos a mojar los vidrios, cuando nosotros trabajamos diferente”.
Parte de esas reacciones se debe a casos de robos y la reciente sentencia a un año de prisión para un limpiavidrios que tocó las partes íntimas de una mujer en el norte de Quito.
Juan Zapata, secretario de Seguridad del Cabildo, explica que la situación es compleja y que no se puede generalizar, porque no en todos los casos hay agresiones. La Policía Metropolitana hace operativos junto a la Agencia Metropolitana de Control en cuanto a comercio autónomo y uso de espacio público, a partir de la ordenanza 280, que es específica para productos. La Agencia aclara que esta actividad no está dentro de sus competencias.
En esos operativos, se hacen exhortos o se retiene la mercadería, pero los limpiaparabrisas dan un servicio para el que no hay una norma específica, explica Zapata.
El tema puede pasar por instituciones municipales y nacionales. Por ejemplo, en el caso de un delito como agresión sexual o robo, la que debe intervenir es la Policía Nacional.
“Nosotros no somos ni ladrones ni narcotraficantes ni guerrilleros. Somos personas de bien”, dice Alejandro, y solo espera que las autoridades busquen una salida para que ellos puedan seguir trabajando, sin enfrentarse a los prejuicios. Su propuesta es que se haga una carnetización, para que la gente pueda identificar a quienes se dedican a esto.
Al respecto, Peralta señala que no se puede regularizar la actividad; lo correcto sería ofrecerles trabajo digno. Los controles se complican porque no se puede criminalizar la pobreza. Existía la idea de entregarles uniformes para que hicieran limpieza integral de vehículos, a una tarifa fija, pero eso no resolvería el problema, porque legitimaría la actividad, le daría trabajo a un grupo y excluiría al resto.
Ahora, según Zapata, se instalarán nuevas mesas de trabajo para tratar el tema desde la seguridad y la problemática social, para hallar alternativas.
