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¿Antijurídico?, ¿última instancia?…; juristas analizan fallo de la Corte de Pichincha a favor de Jorge Yunda

Jorge Yunda la tarde de este viernes 30 de julio del 2021 en Quito. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

La sentencia de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Pichincha, de rechazar la apelación a la acción de protección concedida a favor de Jorge Yunda, ha generado cuestionamientos. Abogados y constitucionalistas aseguran que si bien Yunda está legalmente habilitado para ejercer su cargo como alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, el fallo es antijurídico e incluso les parece absurdo.

En la resolución se indica que se rechaza el recurso de apelación interpuesto por los accionados (concejales), así como por el accionante y de la Procuraduría General, y en los términos de la resolución, se confirma la sentencia subida en grado en cuanto se acepta parcialmente la acción de protección propuesta por el legitimado activo (Jorge Yunda Machado).

No obstante, la Corte no sólo ratificó lo actuado por la jueza de primera instancia sino que dejó sin efecto el proceso de remoción.

Para el constitucionalista André Benavides, la sentencia de la Corte Provincial desnaturaliza la acción de protección y el control político en el ámbito de un gobierno autónomo descentralizado. Con esto, “cualquier alcalde que se vea afectado por un concejal va a presentar una acción de protección”.

El jurista Diego Cevallos señaló que Yunda debe ser restituido en el ejercicio de su cargo, pero es absurda la resolución de la Corte Provincial porque echa abajo la teoría del control político y la fiscalización. “Podrá ser absurdo lo que pasó, pero es una decisión que fue emitida por un tribunal competente”.

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, Ismael Quintana, escribió en su cuenta de Twitter que el fallo es antijurídico, pero debe ser respetado. “En una sentencia abiertamente antijurídica, la Corte Provincial de Pichincha le ha devuelto la alcaldía de Quito a Jorge Yunda, extendiendo en el análisis del caso a actos que jamás impugnaron. Nunca se atacó la remoción, y ahora se la ha dejado sin efecto. Imperdonable”.

Por la misma red social, Rafael Oyarte expresó que la Corte Provincial tenía un proceso nulo, sin sorteo. “En el país se ha ido extendiendo un mal ejemplo de que yo hago lo que se me cante. Ahora no sabemos qué resolución pesa más, si la del Tribunal Contencioso Electoral o de la de la Corte Provincial”.

André Benavides y Diego Cevallos coinciden que la Corte Provincial ha dejado sin efecto el informe de Comisión de Mesa y la remoción.

Benavides asegura que se debe tomar en cuenta un elemento adicional, porque en la sentencia se dispone que se vuelva a tramitar la recusación en contra de Santiago Guarderas. “Nos encontramos en el momento del trámite de este proceso de remoción en la Comisión de Mesa. Entonces deberían tratar la recusación de Guarderas, hacer un nuevo informe de la Comisión de Mesa y que este sea conocido en el Concejo Metropolitano. Ahí se votará para remover nuevamente a Yunda o no”.

A su criterio, los concejales tienen ahora como opción presentar una acción extraordinaria de protección que se tramitará en la Corte Constitucional (CC), pero aclaró que esa figura no suspende los efectos jurídicos de la sentencia de la Corte Provincial. Por lo tanto, Yunda seguiría siendo alcalde hasta que se pronuncie la CC. Cevallos coincidió que el último recurso es la acción extraordinaria de protección, pero ese trámite puede durar meses o años.

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