Quito: El volcán Ilaló convive entre tala y construcciones

En el barrio San Antonio, en El Tingo, se evidencia la deforestación. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

En el barrio San Antonio, en El Tingo, se evidencia la deforestación. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

En Chiviquí (Tumbaco) se construye un proyecto urbanístico. Tiene 27 hectáreas y cuenta con autorizaciones. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

Es el refugio de lobos, zorros, conejos y de especies de aves como la gallineta, el huiracchuro, el colibrí, el mirlo, la tórtola y el gorrión de pecho rojo. El volcán Ilaló, cuyos íconos turísticos son la cruz levantada a más de 3 169 m sobre el nivel del mar y sus aguas termales, asimila los efectos de la deforestación y el paulatino avance de urbanizaciones, viviendas particulares y nuevas vías.

La suerte que corre este ecosistema que atraviesa los valles de Los Chillos y Tumbaco es motivo de debate, por la falta de una ordenanza que lo proteja. Para la comunidad de San Pedro de El Tingo, que pertenece a la parroquia Alangasí, es vital que el Municipio de Quito y los ministerios del Ambiente y de Agricultura y Ganadería  (Magap) establezcan una normativa que regule la tala de árboles y el crecimiento urbano.

A Santiago Zagal, presidente del cabildo de San Pedro de El Tingo, le preocupa el daño ambiental que la deforestación ocasiona en el volcán Ilaló. En los últimos tres años, el problema se agudizó luego de que los propietarios de algunas propiedades ubicadas al pie del cerro autorizaran el corte de árboles de eucalipto para fines comerciales. El dirigente muestra documentos del año 1932, en los que el Gobierno de entonces firmó una normativa para frenar esta práctica. En esa época -recuerda Zagal- las comunidades talaban los árboles para elaborar carbón.

Eso es justamente lo que hoy buscan los habitantes de El Tingo: evitar que el bosque se degrade y se pierdan especies de flora y fauna. “De alguna manera, el Magap autoriza la tala de árboles a los dueños de propiedades privadas, pero eso atenta contra los derechos de la naturaleza”, señala.

El lunes pasado, 20 de mayo del 2019, inspectores de la Agencia de Control del Municipio de Quito (AMC) acudieron al barrio San Antonio para verificar los trabajos que se realizaban en la zona. Pese a constatar que existe un proceso de tala autorizado por el Magap, los funcionarios suspendieron la limpieza de maleza, la apertura de caminos y los movimientos de tierra.

Este miércoles 22 de mayo del 2019, el ruido de las motosierras era incesante en el mismo sitio que visitó la AMC. Un sello de color naranja colocado en un árbol cortado alertaba de la suspensión de la obra. Sin embargo, metros arriba del área un grupo de hombres continuaba talando el bosque.

En redes sociales se han creado páginas como Salvemos al Ilaló e Ilaló Verde, para promover la conservación de este cerro. Diferentes colectivos también expresan su preocupación por la expansión de la urbanización en este cerro.

Carolina Proaño, arquitecta especializada en gestión ambiental urbana, es una de las personas que se ha pronunciado activamente sobre la necesidad de un manejo adecuado del Ilaló. Aunque esta es una problemática que data de varios años atrás, dice, se ha retomado la conversación en busca de una forma de regular este sitio, que tiene importancia ecológica para la ciudad.

Ricardo Buitrón, miembro de la mesa de ambiente del Cabildo Cívico, dice que el Ilaló luce cada vez menos vegetación y menos árboles, y hay mayor presencia de conjuntos habitacionales y barrios que afectan al hábitat y a la fauna.

En el barrio San Antonio, en El Tingo, se evidencia la deforestación. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

Jacobo Herdoíza, exsecretario de Territorio, Hábitat y Vivienda del Cabildo, explica que en el 2015 se buscó la creación de una ordenanza para proteger esta zona, pero esta no prosperó. Actualmente existen cuatro niveles de habilitación del suelo, que está regulado por el Plan de Uso y Ocupación del Suelo.

El primero, considerado como suelo urbano agrícola residencial, se ubica desde la Ruta Viva hacia el pie de monte, donde todavía no comienza la pendiente. Allí se permiten lotes de 1 000 metros cuadrados, dos pisos y un coeficiente de ocupación total del 70%. Esto significa que se pueden hacer pequeños conjuntos en propiedad horizontal.

La segunda corona es el suelo rural. Esta va desde el pie de monte hasta 400 metros del límite con lo urbano. Se trata de una a cuatro casas por lote mínimo (2 500 m²) en propiedad horizontal y tienen una ocupación del 90% de área verde y 10% edificado. Esto significa que hay poca huella edificada y naturaleza en el entorno.

La tercera etapa sigue siendo rural, pero es considerada como recurso natural renovable. Los terrenos son de 5 000 m² y se permiten dos pisos con un coeficiente de ocupación total del 10%. “Allí la promoción inmobiliaria no es rentable”.

La última corona va desde la cota de agua hasta la cima del cerro y se la conoce como Protección Ecológica. Estos son terrenos de 25 000 y 50 000 m² de lote mínimo con coeficiente de ocupación entre 3% y 5 %. En esta zona prácticamente no se puede edificar.

Herdoíza considera que es necesario proteger, bajo un paraguas ambiental y territorial, la función ecológica del Ilaló, que no se logró concretar en el pasado. La idea era crear una regulación que conserve las fuentes hídricas, la cobertura vegetal y las especies que viven en este corredor biológico. El Ilaló también es un termómetro ambiental para los valles y ayuda a regular vientos y lluvia.

Juan Manuel Carrión, concejal y presidente de la Comisión de Ambiente del Municipio, considera que este es un lugar icónico que “amerita el carácter de espacio conservado”.

Carrión explica que es necesario retomar la ordenanza y ponerla a consideración de las personas y comunidades afectadas, para obtener una herramienta que permita una protección adecuada de la zona.

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