Calles llenas de viviendas y unidades educativas componen el barrio Santa Ana, en el sur de Quito. Un parque con camineras, juegos y canchas que están escondidos bajo una densa capa de hierba son los vecinos más cercano de una blanca edificación.
Se trata de lo que un día fue una Unidad de Policía Comunitaria (UPC). En medio de la blanca pintura aún se ven las líneas azul y gris que distinguen a los puntos policiales. Con el abandono de ese inmueble creció la zozobra de los moradores de la zona.
Son aproximadamente cinco años desde ese día, no recuerdan bien. Marco Olmedo, presidente del barrio, culpa a la división de la ciudad en distritos. Asegura que a raíz de eso, cerraron las UPC de diferentes sectores como el suyo.
Y como pasa en muchos lugares de la capital, la atención se vuelve tardía o inexistente. Los agentes más cercanos están en la Villaflora. Ese punto se ubica a unos 8 minutos en auto. Tiempo que puede duplicarse en horas pico.
“En ese tiempo las motos de los delincuentes ya vuelan”, lamenta el dirigente. Y es que en los últimos meses los robos a personas han aumentado drásticamente. A bordo de motos llegan hombres armados y asaltan a los transeúntes a toda hora.
Así lo evidencian los videos de seguridad proporcionados por los vecinos. Para Héctor Morales, que tiene un negocio frente a la UPC abandonada, la falta de denuncias es uno de los factores que hace pensar a las autoridades que el sitio aún es seguro.
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“Antes era tranquilo el barrio, pero eso ya no existe y nos catalogan como sitio seguro”, dice. Por ese motivo, creen que no han podido obtener artículos como alarmas y cámaras de seguridad.
Asaltos a los habitantes
Los vecinos dicen que si bien es cierto no representan una solución per se, ayudarían como una herramienta de disuasión.
Margarita Tamayo, vecina de la zona, está preocupada. Ella dirige una fundación de ayuda a personas con discapacidad en el barrio. “Hasta las sillas de ruedas les roban y les dejan botando en la calle”, denuncia.
En su caso ha podido ver de cerca el avance del hampa en el sector. A su hijo lo asaltaron cuando salía del parque. Se le llevaron la guitarra con la que iba a ensayar.
Según Morales, existe la predisposición de los vecinos para apoyar al retorno de agentes policiales a la zona. Dentro del inmueble se observan los implementos de oficina y dormitorios listos para arrancar el trabajo.
Olmedo dice que la comunidad ofreció entregar equipos de computación e Internet a la institución, con tal de que brinden el servicio y apoyen a los moradores que viven atemorizados.
Es una sensación generalizada. Roddy Meza, tiene un negocio en esa calle y cuenta que han tenido que colocar puertas de vidrio para resguardarse. También buscan un cambio en los hábitos de circulación por la zona. Cuando cruzan el parque van dispuestos a “que si nos roban hay que dejarnos para que nos nos hieran o maten”.
Al abandono de la UPC se suma la desatención del parque. La hierba llega a medir unos 60 centímetros y es espesa en algunos puntos. Ahí es donde aprovechan para esconderse los sospechosos.
Luis Chauca, vecino, dice que la ayuda debe ser urgente. Ya no pueden esperar horas para ser atendidos. De acuerdo con un estudio del Municipio de Quito en 2022, solo el 28% de las UPC funcionan de manera permanente las 24 horas. En total, 280 unidades policiales existen en la capital. Y de esas, 117 están cerradas.
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