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El padre Jesús Mosquera, a cargo de Guápulo tras detención del párroco

Tras lo ocurrido el pasado fin de semana, la Orden Franciscana condenó la agresión a la niña y se solidarizó con la familia.

Tras lo ocurrido el pasado fin de semana, la Orden Franciscana condenó la agresión a la niña y se solidarizó con la familia.

Tras lo ocurrido el pasado fin de semana, la Orden Franciscana condenó la agresión a la niña y se solidarizó con la familia. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

El ambiente se calma de a poco en Guápulo, sector patrimonial del oriente de Quito. Este miércoles 6 de febrero del 2019 los moradores expresaban solidaridad con los padres de una pequeña de 10 años, luego de que se intentara linchar al cura párroco Néstor B., detenido la noche del sábado 2 de febrero último, investigado por abuso sexual.

Jaime Prado, presidente del cabildo de Guápulo, relata que se ha acercado a los familiares de la víctima para acompañarlos. “Hemos prestado la ayuda recomendando dos fundaciones para que apoyen a la menor en lo psicológico y a los padres en lo legal”.

El dirigente asegura que es la primera vez en la historia que se registra un hecho de esa magnitud en Guápulo. Enfatiza que por el templo franciscano han pasado destacados sacerdotes como Julio Herrera, Jesús Mosquera y Fausto Trávez. “Nunca ocurrió algo, ellos siempre estuvieron junto a los feligreses”.

El párroco Néstor B. estuvo dos años y medio en la localidad, pero no tenía buena comunicación con la gente. De momento, el padre Jesús Mosquera está a cargo de la parroquia, pero no ocupa el cargo del clérigo apresado. Prado se comunicó con Mosquera, quien actualmente se siente destrozado por lo que ha ocurrido. 

El martes 5 de febrero, la Orden Franciscana condenó la agresión a la niña y se solidarizó con la familia. “Condenamos estos hechos execrables de la manera más vigorosa. Nos solidarizamos con la preocupación que aqueja a la familia de esta menor y estamos abiertos y dispuestos a colaborar con la justicia para la respectiva investigación, pues estamos determinados a que se esclarezca toda verdad de los hechos”.

El Gobierno, a través de la ministra del Interior, María Paula Romo, señaló: “Sociedad y Estado vigilantes para que se den las más duras sanciones para agresores sexuales”.