“Quito no puede continuar sin rumbo”. Con esa frase, los gremios productivos de Quito muestran su preocupación por la situación que atraviesa la capital tras el fallo de la Corte Provincial de Pichincha, en el que dejó sin validez la destitución de Jorge Yunda.
En un comunicado los directivos de los sectores de la producción hacen un llamado a “que prime el respeto a la ciudad, sus habitantes y el derecho”. El documento fue subido por Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito; y firmado por el Comité Empresarial Ecuatoriano, Fedexpor, Cámara de Industriales y Producción y Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción.
El 1 de julio, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó lo actuado por el Concejo Metropolitano en el proceso de remoción del alcalde Yunda. Por otro lado, el dictamen de la Corte Provincial de Pichincha, emitido este 30 de julio, dejó sin validez la destitución de Yunda.
Los jueces Raúl Mariño Hernández, Cenia Solanda Vera y Guadalupe Narváez Villamarín resolvieron confirmar la sentencia de la jueza María Belén Domínguez, quien está actualmente suspendida, pero que aceptó parcialmente la acción de protección propuesta por Yunda, días atrás.
La defensa de Jorge Yunda alegó la vulneración de los derechos constitucionales en el proceso de remoción que concluyó el pasado 3 de junio.
Así las cosas, los gremios muestran su indignación e insisten que la “seguridad jurídica debe ser la norma que rija a todos los actos de sus ciudadanos, pero -sobre todo- de sus autoridades”.
Agregan: “Quito no se merece esto. Quito no puede seguir sufriendo los estragos de un periodo de totalitarismo, corrupción, burla, desidia y anomía institucional. La ciudad no puede seguir paralizada…”. Es más, dicen que “reivindicamos nuestro derecho a reclamar para que primen los valores y la ética por sobre cualquier decisión”.
Carolina Moreno, proponente de la remoción de Jorge Yunda, también habla al respeto y apunta que “no puede quedarse de esa manera la norma; es decir, que la Corte no dio trámite a la apelación presentada y reformó la sentencia (acción de protección a favor de Yunda) de la jueza María Belén Domínguez, el pasado 28 de junio.
Como la resolución de la Corte es de efecto inmediato y mientras se solucione constitucionalmente el problema, dice Moreno, “a Yunda le corresponde administrar prudentemente la ciudad, eso significa continuar y atender las cosas de la ciudad y hacer un trabajo bien hecho”.
Por su lado, Jessica Jaramillo, proponente de la remoción de Yunda, va más allá y dice que “es lamentable que el sistema de justicia revele lo que es, permeable a la corrupción, a los interese económicos que están detrás del restablecimiento del cargo del exalcalde removido y que ayer fue restablecido con cero legitimidades”.
Agrega que, “la ciudad está cansada de tanto acto de corrupción y mientras eso pasa, el tema de los lixiviados está pendiente, no tiene policías públicas y una planificación adecuada…”.
Cree que toda esta situación desembocará en movilizaciones ciudadanas, solo aspira que no haya enfrentamientos. Pero, lo cierto es que “la gente está cansada y la Corte Constitucional es la llamada a resolver este problema”.