Fue una medida inesperada. Entre el jueves pasado y ayer, el Ministerio del Interior reabrió 38 Unidades de Policía Comunitaria (UPC) en varios sectores populares de Quito.
Estas son parte de los 62 complejos que fueron cerrados desde agosto pasado. En este período, algunas unidades estuvieron abandonadas y se convirtieron en rincones para arrojar basura, en improvisados urinarios públicos o sirvieron como fachadas para grafitis.
EL COMERCIO visitó cinco unidades en el centro y sur de la ciudad. En estos meses, los moradores denunciaron el aumento de venta de droga, robos a personas y asaltos.
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El cierre obedeció a un modelo de gestión de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades).
A finales de enero, el malestar en los barrios se agudizó. Vecinos de El Camal, Promoción Familiar y El Placer Baños se reunieron con la Policía.
El jueves 30 hubo un encuentro en El Camal, constatado por este Diario. “Qué modelo de gestión puede haber si se mandan las bases (UPC) lejos y se deja desamparados a los barrios”, cuestionaban algunos vecinos.
Mario Noboa, presidente de ese sector, fue más vehemente y habló de formar autodefensas frente a la “desprotección”.
¿Es factible el diseño de la Senplades? EL COMERCIO pidió una entrevista a funcionarios de esa Secretaría. En un correo electrónico respondieron: “La ubicación de las UPC se encuentra dentro de la planificación del Ministerio del Interior, pues ellos son los rectores en materia de seguridad ciudadana”.
No obstante, un alto oficial de la Policía aclaró que “solo se ha cumplido con un modelo de gestión de Senplades”.
El oficial, que sigue de cerca estas operaciones, reconoció que el diseño no fue “acorde” y que se pidió revisar el modelo.
La unidad Promoción Familiar, en el sur, fue cerrada en septiembre. En ese sector la rutina se modificó. La gente dejó de caminar pasadas las 22:00.
La UPC se volvió un rincón para libadores, revela Galo Torres, presidente del barrio. “Nos dijeron que el cierre respondía a una tecnificación de las tareas de seguridad. Lamentablemente los resultados dicen todo lo contrario”.
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En el último mes -denuncia el dirigente- hubo tres robos de carteras y celulares en la calle Japerabi y un asalto en un local. “No se hizo ningún estudio con la comunidad, que es la que sabe y conoce la problemática de cada barrio. Se nos impuso este modelo”, agrega Torres, rodeado por unos 30 vecinos, la noche del 30 de enero.
En media hora -observa un morador- ningún patrullero ha circulado por estas calles. Ayer, esa UPC fue reabierta.
La UPC El Placer Baños está en el Centro de Quito, en un sector calificado por la Policía como conflictivo. Esa unidad fue cerrada en agosto. Hasta la semana pasada lucía desolada.
En la esquina de una de las ventanas estaba pegado un papel blanco en el que se leía: “Estamos patrullando por tu seguridad: 257 1109 – 0981956802″.
A través de los cristales se apreciaba la poca operatividad de la unidad. Únicamente había cuatro sillas plásticas, un teléfono convencional y una mesa grande de madera.
Una situación similar ocurría en la UPC El Tejar, al lado de una casa hogar. Había cartones y mesas empolvadas. Un guardia de seguridad de la zona comentó que el patrullero llegaba “de vez en cuando”. Esta unidad fue reabierta el viernes.
Víctor López es el presidente del barrio El Placer Baños. Para él, unas 10 000 personas que circulan a diario por la zona quedaron desamparadas. “Tenemos ocho instituciones educativas, el Museo Yaku, el cementerio El Tejar, el penal…”.
Desde la semana pasada, el Ministerio del Interior anunció la reapertura de las 62 UPC. El jueves último, obreros apuraban los trabajos de limpieza y de pintura de la unidad de El Camal, antes de la llegada del ministro del Interior, José Serrano, y del comandante de la Policía, Rodrigo Suárez.
Hasta ayer, los recintos reinaugurados tenían tres motos y cinco agentes, cada uno. Esto, según el Ministerio, beneficiará a miles de personas “con los servicios de botones de seguridad, patrullaje preventivo, encargo de domicilios, resguardo de valores”.
“Es importante conocer que nosotros estaremos tocando sus puertas para conocer sus problemas de inseguridad y resolverlos. ¿Cuándo un ministro o un comandante los ha visitado? Esto significa que nos importan”, recalcó Serrano.
_En contexto Desde agosto del 2013, el Ministerio del Interior cerró 62 Unidades de Policía Comunitaria en Quito. Esto obedeció a un nuevo modelo de gestión implementado por la Senplades, que no funcionó. El Gobierno reabrió esas bases y reforzó la seguridad en los barrios.