4 de February de 2011 00:00

‘La firma de un acta de La Luna se falsificó’

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El Consejo de Administración Legislativa (CAL) deberá estudiar una nueva denuncia contra el asambleísta Paco Velasco, de Alianza País.

El legislador César Montúfar, de Concertación Nacional, pidió que se adjunte al expediente contra Velasco un informe preliminar técnico pericial, del análisis grafotécnico de una acta de la compañía Radio Producciones La Luna Ravimus.

Según el análisis, realizado por el documentólogo Carlos Bustamante Salvador, Luis Dávila, uno de los fundadores y socios de La Luna, fue aparentemente víctima de la falsificación de su firma en un acta de la Junta General de Socios de la emisora, celebrada el 30 de junio del 2009.

En esa sesión, presidida por el asambleísta Velasco, se resolvió reelegir como gerente general de la radio a Ataúlfo Tobar. “Consecuentemente, la Junta de socios autoriza al Presidente que realice cuanto trámite sea necesario para el perfeccionamiento de los nombramientos respectivos, así como la notificación a las autoridades pertinentes”.

El documento está firmado por Velasco, Diego Landázuri (secretario ad hoc), Byron Garzón (vocal principal) y Luis Dávila (vocal principal).

En su informe, el documentólogo llega a tres conclusiones:

la velocidad, presión y dinamismo de la firma indubitada (original) varía considerablemente con la firma dubitada (presuntamente adulterada); que el trazado de la firma indubitada es fluido, continuo, se parecían perfiles finos y gruesos, propio de la posición de la pluma, mientras que el trazado de la firma en duda es lento, tembloroso, no existen perfiles gruesos y finos.

Por eso, Montúfar señala que la firma del acta indicada constituye una falsificación por imitación servil, por lo cual pidió que se agregue al expediente.

En la denuncia que estudia el CAL se señala que Velasco, pese a ser asambleísta, desde el 2007, siguió ejerciendo el cargo de presidente en La Luna, violentando lo que establece la Constitución y la Ley. Según las normativas, los asambleístas no pueden ejercer otra función pública o privada, a no ser que se trate de la docencia. Adicionalmente -según Montúfar-, supuestamente hay un conflicto de intereses, pues La Luna recibió más de 20 contratos del Estado, que superan los USD 700 000.

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