El polvo de los escombros sigue afectando a Cocotog

En el sector del redondel de Zámbiza se encuentran ubicados varios botaderos ilegales de escombros. Julio Estrella / EL COMERCIO

Los desechos de la construcción y la tierra que sale de desbanques son el principal problema de Cocotog.

Esta es una parroquia del nororiente de Quito donde viven cerca de 7 500 personas. Se asienta sobre una planicie rodeada de laderas, por lo que siempre los moradores debieron lidiar con el problema de las volquetas que a escondidas llegan a arrojar material.  

Buscando una solución, en julio de 2016 firmaron un convenio con el Municipio para habilitar una escombrera legal y así tomar el control y evitar la clandestinidad. En un inicio las cosas mejoraron, pero en 2018, la comunidad protestó y la escombrera se suspendió. 

Jimmy Ramírez, morador de la zona, cuenta que antes de la pandemia la escombrera dejó de operar. Pero hoy los escombros siguen siendo el problema de la comuna. 

Fausto Acero, presidente del barrio, explica que las medidas drásticas se tomaron debido a que las autoridades no cumplieron los ofrecimientos. No se dio un correcto mantenimiento a la vía, no hubo una adecuada señalética, no colocaron reductores de velocidad, las volquetas pasaban en la noche sin respetar los horarios y trabajaban los fines de semana.  

Fernanda Viteri, de 35 años, cuenta que el paso de volquetas causaba temor en la población, sobre todo por los niños. Los padres no podían estar en paz cuando sus hijos salían a jugar en la calle. No podían ni dormir, recuerda. 

El problema persiste

A pesar de que la escombrera ya no funciona, los escombros no se han ido. Los vecinos visualizan al menos tres volquetas a la semana que entran a la zona de manera clandestina y arrojan los escombros en las laderas. 

Cuando las identifican, las denuncian. El problema es que para multarlos el agente municipal debe ver a la volqueta infraganti, lo que es muy complicado. 

Los vecinos cuentan que hay camiones cerrados que llegan con escombros en costales y sacos y los arrojan en donde les da la gana, cuando nadie los ve. Las zonas más afectadas están en el sendero ecológico, en el acceso entre la quebrada de Zámbiza y Cocotog, y en el sector de Jesús del Gran Poder. 

Ahora, la comunidad pide que se haga un cierre técnico de la antigua escombrera. El presidente dice que desde febrero estuvo en conversaciones con la Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Emgirs) para hacerlo, y que hace tres meses llegaron a un acuerdo. Pero luego de la paralización indígena, cambiaron los funcionarios y hoy deben empezar de nuevo.

Explica que para cerrar la escombrera debe ser ‘llenada’. Para ello se necesitarían unas 300 volquetas diarias que lleguen por al menos un año y medio. “El problema es que no queremos que pasen por la vía principal porque es un riesgo, así que están viendo rutas adecuadas”, señala el dirigente. 

La Emgirs informó que hay operativas dos escombreras autorizadas.  La primera es El Troje IV, en la avenida Simón Bolívar en el sur de Quito, y recibe cada día cerca de 2 000 m3 de escombros. La segunda está en San Antonio de Pichincha en el sector de Tanlagua, donde llegan 550 m3 diarios. Este año, el presupuesto para las escombreras es de USD 724 701. 

Ningún otro lugar está autorizado. La entidad que se encarga de emitir las sanciones es la Agencia Metropolitana de Control (AMC). Esta informó que una de las problemáticas ambientales que sufre la ciudad es la afectación a las quebradas por depósito de escombros y desechos sólidos. 

“El relleno de quebradas es de las actividades más frecuentes en estos caudales hídricos, lo que provoca la presencia de botaderos a cielo abierto, inestabilidad en los terrenos, construcciones en zonas de protección, insalubridad, entre otros”, dijo la AMC en un comunicado. 


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