La escombrera de Oyacoto está ubicada a 3.9 kilómetros de la Panamericana Norte, antes del peaje. Foto: Julio Estrella/EL COMERCIO
El problema era permanente y generaba un riesgo para la población. Los montículos de tierra, cemento, varillas y materiales de construcción formaban parte del paisaje de esta parroquia del norte de la capital. Oyacoto se volvió el epicentro del problema. Esa realidad ahora es distinta.
Desde inicios de año, cuando la operación de la nueva escombrera de Quito arrancó, el problema disminuyó. Las volquetas comenzaron a dejar los escombros en el único sitio autorizado por el Municipio en el norte. Primero fueron 30 al día, luego 40, 50, 100… Hoy llegan más de 337 volquetas diarias, unos 3 000 m3 de material.
Juan Pablo Flores, gerente de Operaciones de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólido (Emgirs), espera que desde esta semana, con la puesta en operación de la segunda tuneladora del Metro de Quito, se reciba no menos de 5 000 m3.
Desde enero, la cantidad de material que llega a Oyacoto prácticamente se ha duplicado cada mes, lo que se tradujo en una paulatina disminución de la informalidad.
La Agencia de Control también ha reforzado operativos en el sector. El 2016 se sancionó a 40 volquetas, y en el presente año se ha multado a 25. Las zonas que presentaban mayor problema estaban en las quebradas Chaquiscahuayco y Curiquingue, Gualo, Carmen Bajo, Llano Grande, Landázuri, Zabala…
Manuel Arcos, conductor de una volqueta que acude con frecuencia a Oyacoto, hace un mea culpa y admite que antes arrojaba el material en lugares no autorizados. Explica que la escombrera de El Troje (en el sur) quedaba demasiado lejos, y el costo de movilizarse hasta allá era excesivo. Gastaba en llantas, combustible y tiempo.
Lo más complicado de la apertura de Oyacoto fue llegar a un acuerdo con la comunidad, según Flores.
Mario Caiza, morador de la zona, contó que los primeros meses las volquetas levantaban cortinas de polvo y las personas comenzaron a enfermarse de las vías respiratorias.
Para evitar el problema, la Emgirs tenía dos tanqueros de agua en la zona para que humedezca la tierra. Además, se mejoró los 3,9 km de la vía por donde las volquetas transitan desde la Panamericana Norte hasta la escombrera. Se invirtió más de USD 200 000 en la colocación de la subbase con material sacado del parque Bicentenario. Sin embargo, asegura Caiza, no es suficiente.
Flores se comprometió a hacer una impregnación de líquido asfáltico en la carretera, a un costo de USD 15 000 .
La diferencia entre una escombrera clandestina y una legal radica en que la primera trabaja de manera antitécnica, sin terrazas, sin compactadora y sin canales de desagüe ni tuberías. Con la lluvia, ese material se afloja y termina ocasionando derrumbes. El año pasado un aluvión provocó la muerte de dos personas en esa zona y, según el Ministerio de Obras Públicas, uno de las causas fue la disposición ilegal de escombros. Entonces la Emgirs intensificó el trabajo para persuadir a la comunidad.
Juan Ramírez, oriundo de Oyacoto, contó que otro de los problemas que se presentaron fue que los niños de la escuela del sector corrían peligro porque las volquetas pasaban todo el tiempo por la zona y los niños debían compartir la vía.
Flores explica que se aplicó un horario especial para realizar la descarga. Esta empieza a las 07:15, una vez que los alumnos ya ingresaron a la escuela. Y a la salida, al mediodía, hay un lapso de 45 minutos, entre las 12:45 y las 13:30, en el que las volquetas no pueden entrar.
La escombrera de Oyacoto se levanta sobre 1 972 000 m3 y servirá durante dos años. Se espera, además, que los próximos meses entre en funcionamiento la escombrera de Cocotog. Se tenía previsto que esta empiece a operar hace dos meses, pero no ocurrió debido a impasses con la comunidad.
Flores explica que hubo familias que se opusieron, aunque la semana pasada el dirigente barrial los contactó para pedir que se continúe con el proyecto. Esa escombrera tiene capacidad para recibir 2,5 millones de m3 de material y duraría unos dos años y medio.
Tener una escombrera no es rentable para el Municipio. Cada volqueta que deposita material cancela USD 0,65 por m3, pero el costo real para dar tratamiento es de 1,28 por m3. La diferencia debe ser asumida por la Emgirs, es decir USD 0,63. A la Emgirs le cuesta cerca de USD 4 millones al año mantener abiertas las escombreras, lo que representa un 10% de su presupuesto anual que asciende a 39,7 millones.
Flores explica que se trabaja en un proyecto para que el constructor cancele un valor adicional en función del volumen de material que va a remover. Eso pagaría cuando realice la aprobación de planos.