El próximo viernes 30 de marzo, el Estado ecuatoriano deberá pagar la primera cuota de USD 5 628 151 como indemnización a la familia Salvador Chiriboga.
Ese monto es parte de la reparación establecida en un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que asciende a USD 28,2 millones.
El proceso se inició por una demanda planteada por la familia Salvador Chiriboga por la expropiación de 64 hectáreas en el actual Parque Metropolitano, por parte del Municipio de Quito.
[[OBJECT]]En marzo del 2008, la Corte hizo pública su primera sentencia, aduciendo que el Estado vulneró los derechos de la familia, durante el proceso de expropiación. En 1991, el Municipio, en la alcaldía de Rodrigo Paz, declaró de utilidad pública esos predios.
El 3 de marzo del 2011, la Corte dictó un nuevo fallo, esta vez de reparaciones y costes, en la cual estableció los montos y los plazos (ver tabla). Por daño material fijó USD 28 140 757, incluidos los intereses. Y estableció que se cancele en cinco pagos, en un período de cinco años. Se fijó el 30 de marzo de cada año como fecha de pago. La primera cuota debe ser abonada el próximo viernes.
Johana Pesántez, ministra de Justicia, indicó que se le pidió al Ministro de Finanzas que se proceda con el primer desembolso y con la cancelación de USD 60 000 por daño inmaterial y gastos de honorario que se debe realizar hasta hoy. En septiembre del 2001 ya se hizo un pago de USD 43 mil por impuestos y multas que el Cabildo cobró a la familia.
Alejandro Ponce Martínez, abogado que representó a los demandantes, prefirió no pronunciarse sobre el fallo y tampoco lo hará la familia.
El caso se presentó en 1998 a Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH), que luego lo remitió a la Corte Interamericana para su trámite.
La familia Salvador siguió este procedimiento en vista de que previamente no llegó a un acuerdo con el Municipio, para fijar un “justo precio” de los terrenos. Por ejemplo, en el 2006, el Municipio ofrecía pagar USD 3, por el m², pero la familia pedía 141.
En la sentencia del 2008 se indica que el valor del bien no podía ser menor a USD 130,60 el m², según los demandantes.
Al dictar su sentencia, la Corte extendió recomendaciones al Estado ecuatoriano. Entre ellas, pagar una indemnización por el daño material y también, otra, por el daño inmaterial.
Fijó estos pagos en vista de que el Cabildo siguió cobrando tributos a la familia, luego de la expropiación. Además, para cubrir los honorarios de los abogados y la publicación de una disculpa pública en el Registro Oficial.
Según la ministra Pesántez, el Municipio participó en todo el proceso de la defensa junto con la Procuraduría. “Los recursos saldrán de las arcas del Estado, no de la Municipalidad”.
En este caso no se podrá aplicar el recurso de repetición (cobro al funcionario responsable de la decisión) porque en el país no hay una Ley de Reparación. Pesántez explicó que aunque la reparación está en la Constitución, hay la necesidad de una norma sobre cómo actuar en estos casos. “Todos vamos a pagar por alguien que se demoró o equivocó”. Este Diario buscó las versiones del Municipio y de la Procuraduría, pero no tuvo respuesta.
La familia Salvador Chiriboga no fue la única a la que el Municipio expropió sus terrenos para construir el Parque Metropolitano, que hoy tiene 571 hectáreas.
El proceso de expropiación empezó en mayo de 1991 y se extendió a otros predios. Entre los perjudicados estaban el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la Compañía Intropa, la Cooperativa de Trabajadores de del Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones (Ietel). También las familias González Arias, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Petrolera, la Cooperativa San Francisco de Asís y Filanbanco.
José Luis Paredes es uno de los perjudicados. Él aún continúa en diálogos con el Municipio para concluir el pago de las 4,5 hectáreas que le enajenaron.
El terreno pertenecía a seis hermanos. Paredes prefirió no adelantar el monto que recibirá, pero está confiado en que el trámite concluya esta semana.
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Cronología de los 21 años de pugna entre la familia Salvador Chiriboga y el Municipio
Mayo 1991
El Municipio declaró de utilidad pública los terrenos de la familia Salvador Chiriboga. Así, el Cabildo inició una demanda de expropiación de 64 hectáreas del lote 108, con hoja catastral 11209.
Junio 1998
La familia Salvador Chiriboga recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la denuncia expresa que la propiedad fue confiscada, sin recibir una adecuada compensación.
Septiembre 2005
Se reactivó el conflicto. El Municipio ofreció a los herederos Salvador Chiriboga USD 90 396, a cambio del terreno. No hubo acuerdo y se inició un proceso legal en el Juzgado IX de lo Civil.
Diciembre 2006
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó la petición y envió la causa a la Corte Interamericana de DD.HH. En marzo del 2008 emitió una sentencia en contra del Estado.
Marzo 2011
La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó la sentencia de reparaciones y costas, declarando al Estado ecuatoriano responsable por la violación a los derechos de María Salvador Ch.