Un grupo de personas, entre ellos, pacientes renales, familiares y trabajadores de dializadoras realizaron un plantón en los exteriores de la Corte Constitucional, en el norte de Quito, este miércoles 28 de agosto de 2024.
Representantes de centros médicos acudieron para presentar una demanda de acción por el incumplimiento de una sentencia emitida en septiembre de 2020.
Más noticias
Luis Serrano, gerente del Instituto del Riñón y Diálisis San Martín de Guayaquil, explicó las exigencias de las dializadoras.
“Nosotros pedimos que se cumpla la sentencia que indica que el Ministerio de Salud y de Economía deben entregar un cronograma a la Corte Constitucional para que se cumplan los plazos y no se den estos terribles atrasos“, mencionó.
Serrano afirmó que el Gobierno mantiene una deuda con las clínicas privadas de hasta 13 meses.
“Pedimos celeridad en la resolución, tenemos trabajadores que no cobran su salario desde marzo de este año”, puntualizó.
Deuda estatal supera los 235 millones de dólares
Cristina Freire, vocera de la Asociación de Centros de Diálisis del país, habló de los montos que debe el Estado.
Según explicó, el Ministerio de Salud Pública acumula una deuda que supera los 140 millones de dólares.
Mientras que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) debe más de 95 millones de dólares.
Freire aseguró que el Ministerio de Economía y Finanzas tan solo ha cancelado 19 millones de dólares correspondientes a diciembre de 2023; pero que siguen pendientes los valores desde junio a noviembre de ese año, además de las facturas de enero a julio de 2024.
Esta situación ha provocado que la atención a los pacientes renales se reduzca al 50%, señaló la vocera.
En Ecuador existen 110 centros de diálisis, donde se han derivado en estos meses al menos 17 000 personas del MSP y otros 8 000 afiliados del IESS.
Gobierno afirma que la deuda se está pagando
Por su parte, el Gobierno de Daniel Noboa aseguró que durante los nueve meses de gestión ha pagado 42,5 millones de dólares.
En un comunicado, el Ministerio de Salud Pública recordó que la deuda existente es heredada de administraciones anteriores.