Imagen referencial. Se analiza la posible entrega irregular de cupos para taxis en Quito. Foto: Archivo / EL COMERCIO
El informe borrador de la Contraloría halló inconsistencias en el pago de compensaciones a las unidades del sistema de transporte y, además, determinó que se realizó una indebida entrega de cupos de taxis en Quito. La lectura del documento se realizó el miércoles 15 de mayo del 2019.
Se trata del proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación del contrato para determinar la oferta y demanda del servicio de taxis; a la regularización, calificación y asignación de cupos de las unidades para la prestación de servicios de taxis y a la retribución de los recursos por concepto de compensación a los prestadores del servicio del transporte público de pasajeros, en la capital. Esto en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de agosto de 2018.
El examen borrador estableció que el Municipio entregó 665 cupos de taxis de manera irregular y que se beneficiaron personas que no cumplieron con los requisitos ni presentaron la documentación necesarios. Además, de que la asignación se la hizo fuera del proceso de regularización.
Carlos Páez, exconcejal del Distrito en la alcaldía de Mauricio Rodas y exsecretario de Movilidad en la administración de Augusto Barrera, indicó que en octubre del año pasado, él demostró que se otorgaron más de 1 300 cupos a taxis de manera ilegal sin tener el respaldo de Ordenanza que habilite esa entrega. Recordó que cuando fue Secretario de Movilidad hubo un proceso de regularización, pero esos cupos de los que se habla en el borrador de Contraloría, fueron distribuidos posteriormente, antes, incluso, de que inicie el último proceso de regularización de taxis, en el 2017.
Páez advirtió que el problema es muchísimo más grave. “Se pidió que el alcalde Rodas declare nulos esos cupos pero ni el Alcalde ni la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), ni el Procurador tomaron las medidas del caso”.
Como parte del informe del organismo de control, se señaló que el Municipio habría entregado USD 16,8 millones sin justificación a 19 operadoras convencionales y buses del sistema de alimentación por concepto de compensación desde el 2015 al 2018. El documento señaló que el pago de ese incentivo no fue justificado.
La administración de Mauricio Rodas aplicó un plan de compensaciones para 2 162 buses. Las unidades debían cumplir con al menos el 75% de los 29 parámetros para medir la calidad en el servicio. Y de hacerlo, recibían un incentivo cada mes que podía ir desde los USD 450 hasta los USD 1 000, dependiendo del cumplimiento.
La entidad de control halló inconsistencias en el pago a 19 operadoras que al inicio no cumplieron con parámetros de calidad, o cumplieron con pocos de ellos, y luego subieron de categoría y recibieron mayor compensación, sin justificar cuáles habían sido las mejoras. Además se modificó el formulario de evaluación arbitrariamente.
Durante la diligencia, Julio Puga, exdirector de la Agencia Metropolitana de Tránsito, indicó que lo señalado por Contraloría ocurrió antes de asumir la cabeza de la entidad por lo que no puede pronunciarse al respecto.
La Contraloría indicó que los implicados tienen cinco días para presentar las pruebas de descargo, tal como ocurre en todo proceso normal.
Una vez que se reciban los descargos, los auditores deberán revisar esos documentos y podrán modificar o ratificar el borrador, de acuerdo a la documentación.
Guillermo Abad, actual secretario de Movilidad del Municipio, indicó que el informe borrador de Contraloría no le sorprende en lo absoluto. “Las compensaciones y subsidios en el transporte desde que se crearon han estado contaminados de corrupción. El primer subsidio que se entregó al gremio del transporte fue a inicios de los 90. Y en esa primera entrega de subsidios ya hubo un dirigente gremial que fue a prisión por depositar los dineros del subsidio en sus cuentas personales”, señaló.
Abad consideró que en lo que respecta a la entrega permisos de operación “ha sido un negocio de venta de puestos de trabajo que lo hemos venido denunciando desde el año 2003. Lo que se debe hacer es sancionar con máximo rigor de la Ley para marcar un precedente y evitar que este se vuelva a repetir”.
