Concejo de Quito debate una ordenanza para reducir dos impuestos a actividades económicas
Los concejales en Quito debaten un proyecto normativo que busca reducir el pago de la patente municipal y del impuesto del 1,5 por 1 000. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO
El Concejo Metropolitano de Quito intentará aprobar a contra reloj una ordenanza que establece incentivos y beneficios tributarios para los sectores económicos deprimidos por la emergencia sanitaria causada por el covid-19.
Este martes 22 de diciembre del 2020 el cuerpo edilicio trató en primer debate dicho proyecto normativo que busca reducir el pago de la patente municipal y del impuesto del 1,5 por 1 000.
Cristina Borja, secretaria de Desarrollo Productivo del Municipio, fue la encargada de exponer el proyecto ya que fue la Alcaldía la entidad que planteó la iniciativa. La funcionaria explicó que 190 000 empresas del Distrito Metropolitano se beneficiarán.
La reducción para ambos tributos se hará con base en una escala basada en el nivel de pérdida de cada empresa. El proyecto plantea una disminución de hasta el 50% para actividades que en sus ventas totales reflejan una pérdida de o superior al 49,5%. En ese rango, según Borja, están actividades como alojamiento, transporte por vía aérea, agencias de viajes y operadoras turísticas, entre otras.
Para plantear este proyecto, la Secretaría de Desarrollo Productivo analizó el impacto para los ingresos municipales durante el 2021 y 2022. Así, en caso de aprobarse la ordenanza, el Municipio dejaría de percibir USD 10,8 millones el próximo año y USD 10,4 millones en el 2022 por patente municipal e impuesto del 1,5 por 1 000.
El concejal Luis Reina planteó que dentro de estos beneficios también se piense en los trabajadores autónomos. Para ellos sugirió que se revise las regalías por el uso del espacio público.
El edil Luis Robles pidió que la ordenanza se regrese a la Comisión de Presupuesto ya que no se ha contemplado el impacto económico con base en el presupuesto municipal aprobado para el próximo año.
El presidente de la comisión, Eduardo del Pozo, aclaró que la normativa debe aprobarse hasta finales de este año para que entre en vigencia desde el 2021. De lo contrario, las actividades económicas afectadas no podrán contar con estos beneficios en el próximo ejercicio fiscal.
