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Concejo dio plazo de un mes a Dirección Tributaria del Municipio para aclarar el cobro en exceso de las patentes

Hoy, jueves 27 de junio del 2019, el alcalde Jorge Yunda participó en la reinstalación de la Sesión del Concejo de Quito 007.

Hoy, jueves 27 de junio del 2019, el alcalde Jorge Yunda participó en la reinstalación de la Sesión del Concejo de Quito 007.

Hoy, jueves 27 de junio del 2019, el alcalde Jorge Yunda participó en la reinstalación de la Sesión del Concejo de Quito 007. Foto: Cortesía Concejo Metropolitano de Quito

La Dirección Tributaria del Municipio de Quito tiene un plazo de un mes para emitir un informe que aclare el origen de las 58 606 órdenes de pago de la patente que han causado preocupación en los contribuyentes, sobre todo por los valores excesivos que deben cancelar.

Así lo decidió el Concejo Metropolitano de Quito este jueves 27 de junio del 2019, luego de escuchar un informe preliminar presentado por el nuevo titular de esa Dirección, Sandro Vallejo.

El funcionario explicó que fueron cinco órdenes de pago masivas y que corresponden a los años 2011, 2012, 2013 y 2014. Entre todas suman un monto de USD 5,9 millones.

Hasta el 20 de junio pasado, la ciudadanía pagó 3 234 órdenes, por un monto de USD 395 000. Usualmente, la Dirección Tributaria recibe un promedio de 200 reclamos por todo tipo de tasa o impuesto. Pero debido al incremento en los montos por patente correspondiente a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, ya se han recibido 1 534 reclamos.

Vallejo explicó en la continuación de la sesión de Concejo 007 que la patente se cobra desde que entró en vigencia el Cootad, en el 2010. En ese Código Orgánico se estipula que este valor se debe calcular sobre la base del patrimonio. A partir de esa normativa, en Quito se creó la Ordenanza 339, que señala que en el caso de personas no obligadas a llevar contabilidad se haría una determinación presuntiva del patrimonio que tiene cada una.

Para hacerlo, se creó una tabla, expedida en el 2011 vía resolución. Esta colocó bases imponibles con base en el Catálogo Único Industrial Internacional, que es una herramienta que suelen usar el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec).

Sobre el incremento en el valor de la patente, hasta ahora la Dirección Tributaria estableció que podría haber duplicaciones o errores de cálculo en el sistema.

El problema se habría generado tras una resolución del 2015, que modificó a la del 2011. Eso se deduce porque la mayor parte de los 58 606 casos en estudio son del 2011 al 2014.

Además, Vallejo dijo que se debe revisar si hay errores de los contribuyentes al ingresar sus declaraciones.

En el 2017, la Contraloría emitió recomendaciones a la Dirección Tributaria sobre el cálculo de patentes. Estas se habrían aplicado en el 2018 y fueron difundidas en la Gaceta Tributaria, para que la gente corrigiera sus declaraciones en un plazo de 10 días. Sin embargo, no hubo acciones administrativas hasta mayo del 2019, explicó Vallejo.

En la reunión de hoy también se trató una resolución con la cual se rechazó y desconoció una circular emitida por la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana. En este documento, el secretario Juan Sebastián Medina comunicaba a los concejales que la entidad que dirige está a cargo de la coordinación de administraciones zonales y que por esa razón, todos los requerimientos que tuvieran para esas instituciones debían remitirse a su nombre, con copia a los administradores zonales.

Además, pidió que los requerimientos de uso de las Casas Somos también se dirigan a esa Secretaría, en el caso que sean usadas para cosas ajenas a talleres comunitarios previamente organizados.

El documento causó molestia en los concejales. Luis Reina, de Fuerza Compromiso Social, propuso una resolución para dejar sin efecto esta medida. Además, los ediles presentes en la reunión de hoy resolvieron dejar en claro que por un principio de acceso y transparencia de la información, podrían solicitar a cualquier funcionario municipal información o insumos para cumplir con sus tareas de fiscalización o legislación.

Además, la circular señaló que estos requerimientos deben ser entregados de inmediato y que los funcionarios deberán acudir a comisiones y otras actividades cuando los concejales los convoquen.

En la resolución, en la que el alcalde Jorge Yunda se abstuvo de votar, se estableció una solicitud para que él “tome las medidas pertinentes con el fin de velar por el accionar adecuado de los funcionarios y servidores públicos en cumplimiento con los principios establecidos en la Constitución y en la ley”.

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