Ayer 1 de junio del 2018, representantes de transportistas llamaron a rueda de prensa para advertir una posible paralización del servicio. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO
La reunión entre los representantes de los transportistas y el alcalde de Quito Mauricio Rodas, ayer viernes 1 de junio del 2018, fue a puerta cerrada. Tras 40 minutos, llegaron a un acuerdo sobre los temas relacionados con las compensaciones y el alza de tarifas.
Jorge Yánez, presidente de la Unión de Operadoras de Transporte de Quito, aseguró que el Alcalde se comprometió a realizar una consulta jurídica con el Procurador Síndico del Municipio sobre la posibilidad de cancelarles las compensaciones correspondientes a febrero, marzo y abril, que no se realizaron.
Cada transportista, cada tres meses, recibía USD 3 000 siempre y cuando cumplía con más del 70% de parámetros fijados para la calidad de servicio. En mayo, el Concejo Metropolitano decidió suspender el pago hasta que se realice una auditoría a este proceso.
Esto se decidió a partir de las denuncias de supuestos casos de corrupción. La cancelación despertó inconformidad por parte de los transportistas quienes aseguraban que las cerca de 2 350 unidades estaban trabajando a pérdida.
Otro de los puntos tratados en la reunión fue el tema del costo del pasaje. Yánez asegura que el Alcalde acordó presentar el estudio de nivelación de tarifas ante el Concejo en un plazo de 10 días para que se dé una resolución al respecto.
Otra decisión fue que se formará una comisión tripartita, entre el Gobierno Nacional, el Municipio y los transportistas, para fijar el esquema y la hoja de ruta a seguir en este proceso relacionado con la calidad del servicio y las tarifas. “El Gobierno vigilará que el tema se resuelva” dijo el dirigente. Su trabajo se iniciará el lunes 4.
Así, una vez alcanzados estos acuerdos, el anuncio de paralizar el servicio de transporte que hubo la mañana de ayer se suspendió. Al menos, dijo Yánez, hasta ver los resultados de la comisión y “porque la gente no merece quedarse sin servicio”.
No es la primera vez que este gremio plantea como medida de presión racionalizar el servicio. El 25 de agosto del 2017, se paralizó por cerca de 17 horas. En aquella ocasión, 14 personas fueron detenidas, bajo el argumento de la prohibición constitucional de suspender los servicios públicos.
Para Galo Cárdenas, planificador de transporte, más allá del acuerdo al que se llegue, es urgente que la autoridad tome medidas para mejorar la gestión administrativa del transporte. Es clave optimizar los contratos con las operadoras.
El actual modelo de trabajo del sector implica que cada dueño de una unidad sea un empresario que vela por sus intereses individuales. De allí que la implementación de la caja común es fundamental.
Para Cárdenas , el subsidio es una práctica común y hace que el transporte sea más accesible para la población. Pero hay varias formas de entregar ese beneficio que se podrían analizar.
En Brasil, por ejemplo, el subsidio se lo realiza mediante la entrega de bonos. Si en Quito se consigue integrar el sistema de transporte, se podría empezar a realizar pagos del pasaje con tarjeta, sostiene.
Así, se podría determinar la forma para que las personas de escasos recursos puedan beneficiarse. Es decir, el Municipio realizaría una recarga a determinadas tarjetas que correspondan a habitantes de zonas vulnerables, quienes se movilizarían pagando menos. Por ejemplo, podría analizarse la situación de quienes habitan en sectores como la Pisulí, Roldós, La Ferroviaria, Calderón, Atucucho, etc.
Otra forma de subsidio, indica Cárdenas, es identificar líneas de transporte que conectan zonas de viviendas de escasos recursos con zonas de trabajo, y subsidiar parte del valor del pasaje a las personas que realicen esos trayectos.
Para Alfredo Viteri, experto en movilidad, una buena alternativa es la aplicación de mecanismos tecnológicos que permitan monitorear las rutas y frecuencias de las unidades. Se podría saber las horas de salida, la velocidad del viaje y la distancia entre unidades, lo que evitaría los correteos.
En ciudades como Cuenca y Guayaquil el costo del pasaje se incrementó. Sin embargo, en Quito, el tema tiene un componente político importante, apunta Roberto Custode, consultor especialista movilidad.
Él considera que los casos de presunta corrupción en este servicio, y los cambios abruptos en empresas y secretarías, retrasan el proceso y crean mayor dificultad.
“Los estudios que se han hecho coinciden en que se debería tener un valor superior a la tarifa actual”. Además, la compensación no es sostenible en el tiempo debido a la limitación presupuestaria por la construcción del Metro. Recomienda crear un plan de mejoramiento y calidad del transporte, con políticas, estrategias, evaluaciones y metas.
En contexto
El pasado jueves, la jueza Susana Patiño, de la Unidad Civil del Complejo Judicial Sur, rechazó la acción de protección presentada por representantes de cinco cooperativas de transporte. El gremio buscaba anular la suspensión del pago de las compensaciones.
