Magdalena Casiguano está angustiada. Ella vive en una casa ubicada al costado de la carretera, en el sector de El Quinche. Esa vía, actualmente, es de dos carriles y se ampliará a cuatro. Su casa y terreno serán expropiados. Por ahí pasará la nueva autopista que llegará al nuevo aeropuerto en Tababela.
“Estoy preocupada. No se adónde iré luego del desalojo. Esta es mi comunidad y no quiero apartarme”, dice con inquietud.El viernes 3 de septiembre, la ministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, firmó un contrato con Marcelo Herdoíza, gerente de la Concesionaria Panamericana Vial (Panavial), para la ampliación de dos vías: Calderón-Guayllabamba y Colibrí- Cusubamba, por un monto de USD 166 549 718.
La ampliación de las dos vías facilitará el acceso al nuevo aeropuerto de Tababela.
El tramo Colibrí-Cusubamba tiene una longitud de 53,26 km. La intervención empezará en el redondel de El Colibrí, pasará por Alangasí, Pifo, Tababela, Yaruquí, Checa, El Quinche y terminará en Cusubamba.
Se realizará la ampliación de la vía a cuatro carriles y, desde Pifo hasta Tababela, a seis carriles.
En los tramos que se ampliarán a cuatro carriles se aumentarán 16 metros, 8 metros a cada lado de la calzada. Donde se construyan seis carriles se aumentarán 28 metros. El costo de la readecuación de esta vía (Colibrí – Cusubamba) es de USD 126 880 897.
Según Valentín Calderón, director Técnico de Panavial, uno de los principales problemas será la expropiación de los predios que están en los bordes.
En el 90% de esta vía no se han edificado estructuras a los costados de la carretera. El problema -según Calderón- se presenta en las poblaciones donde existen construcciones. “Estas edificaciones serán expropiadas, a un precio razonable”.
Panavial dispone de USD 26 millones para la expropiación de los terrenos. El plazo para el desalojo será de nueve meses. La empresa ha identificado 1000 predios que serán afectados.
Al igual que Casiguano, Félix Zurita también está preocupado. Es dueño de una cerrajería que se ubica al costado de la carretera, en el poblado de Checa.
Él trabaja ahí hace 15 años y asegura que no sabe qué hará luego de que tenga que abandonar su terreno.
“Yo vivo de este trabajo y ahora que tenga que cambiarme, no sé de qué voy a vivir”.
Según Calderón, antes de expropiar un predio se realiza una evaluación técnica del costo. “El Municipio pone los valores de la tierra de acuerdo con el catastro comercial”. En el caso de las viviendas, un perito evalúa el estado de la construcción.
Existen cinco categorías en las cuales el precio por metro cuadrado varía entre USD 100 y 200. “Se calcula el área del terreno, de la vivienda y se compra la propiedad según un valor real en el mercado. De ahí, las personas tienen un mes para desocupar”, explica Calderón.
Alegría Castro, en cambio, apoya la ampliación de esta vía. Dice que con la reconstrucción, la zona tendrá más desarrollo turístico y contará con una carretera de primer orden. “Con la ampliación, llegar a otras poblaciones será más rápido y seguro”.
En El Quinche y en Yaruquí hay un problema adicional. Al costado de la vía, en estas dos poblaciones, funcionan dos mercados centrales. Según Calderón, la resistencia de estas personas a ser desalojadas será mayor. Panavial solicitará al Municipio su intervención para la mediación.
