Representantes del colectivo X Quito Verde se concentraron este jueves 21 de abril del 2022 en los exteriores de la Corte Constitucional (CC). Los activistas se reunieron para entregar la solicitud de dictamen previo a un pedido de consulta popular. Buscan impedir el crecimiento urbano en áreas verdes y protegidas.
La consulta popular del colectivo es de carácter local, solo para aplicarse en la capital ecuatoriana. Según la propuesta, se realizarían cinco preguntas que buscan “crear un candado jurídico” para impedir que “las autoridades municipales de turno” otorguen permisos de construcción en zonas verdes de la ciudad y parroquias aledañas.
“Lastimosamente la planificación de Quito tiene que ver mucho con los intereses de ciertas inmobiliarias y no con los intereses de las y los quiteños. Frente a estas consideraciones, nos estamos levantando para exigir que el mismo pueblo quiteño sea el que diga, de manera decidida, que necesitamos proteger nuestra naturaleza”, dijo Elsa Guerra, vocera del colectivo.
La CC debe hacer un control previo de constitucionalidad. “Según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional le da un plazo de 20 días a la Corte Constitucional”, manifestó Víctor Rivadeneira, vocero de X Quito Verde y representante legal.
Crecimiento urbano
Rivadeneira señaló que han identificado sitios en el Distrito donde hay afectaciones debido al avance de las construcciones. Por ejemplo, citó reclamos de vecinos que habitan cerca del complejo arqueológico Rumipamba. “Una parte de este parque se lo quiere ampliar para permitir la construcción de residencias”.
Otra de las causas que impulsa la iniciativa del colectivo es la tragedia por el aluvión en La Comuna y La Gasca. Para los voceros se debe a la tala de árboles.
Fernando Del Castillo, representante del Frente del parque San Francisco de Pinsh en Lumbisí, contó que hay un ofrecimiento del Municipio de Quito, del 2016, para que el área se transforme en parque protegido.
Pese a ello, eso no se ha cumplido, el área fue donada al Ministerio de Gobierno y rechazan que se quiera construir un cuartel. Por eso apoya la consulta popular tras dos años de “lucha”.
Los representantes cuestionan que la Alta Corte se ha demorado en emitir sus dictámenes respecto a otras solicitudes de consulta popular.
Aun así, esperan una resolución favorable que les permita avanzar con el procedimiento en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Buscan que las preguntas de su consulta se incluyan en las elecciones seccionales de febrero del 2023, por motivos de costos económicos.