La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) expresó su respaldo al pedido presentado por cinco concejales de Quito para que la Contraloría General del Estado realice una auditoría al proceso de adquisición de 60 trolebuses eléctricos, gestionado por la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).
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Wilson Merino, Sandra Hidalgo, Andrés Campaña, Michael Aulestia y María Cristina López presentaron la solicitud el martes 8 de abril de 2025. Según su pronunciamiento, alertan sobre posibles irregularidades en el proceso y señalan que los vehículos ya operan en la ciudad desde el 31 de marzo. También afirman que la Empresa de Pasajeros no ha entregado documentos solicitados por el Concejo Metropolitano.
CNA coincide con el pedido de auditoría de los trolebuses eléctricos de Quito
En un comunicado público, la Comisión Nacional Anticorrupción señaló que coincide con el pedido de los concejales para que la Contraloría realice una auditoría exhaustiva. Indicó que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) emitió criterios que, según el comunicado, demostrarían irregularidades en el proceso.
El texto de la CNA plantea que la Contraloría debe actuar “a la brevedad”, y menciona que se trataría de un caso con indicios de evasión de la Ley de Contratación Pública y uso inadecuado de fondos públicos.
Criterio técnico del Sercop
El pronunciamiento del Sercop consta en el oficio SERCOP-CGAJ-2025-0036-OF, fechado el 9 de abril de 2025, emitido como respuesta a una consulta formal de los concejales Aulestia y Merino. Allí se establece que el artículo 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (Losncp) puede aplicarse únicamente si existen tres condiciones: un convenio previo, financiamiento internacional total o mayoritario, y que dicho financiamiento esté destinado directamente al contrato.
El Sercop indicó que si el financiamiento internacional es inferior al 50%, la contratación debe registrarse por la Losncp. También señaló que la contribución de Unops no constituye financiamiento directo al contrato con el proveedor. El organismo aclaró que su criterio no es vinculante.
Declaraciones de concejales
El concejal Andrés Campaña sostuvo que no puede haber intermediarios en contrataciones públicas, salvo en temas de salud. Detalló que, según la información que poseen, la Empresa de Pasajeros transfirió 36 millones de dólares a Unops, pero el contrato con la empresa Yutong no ha sido remitido al Concejo.
Campaña afirmó que Unops cobró 2 millones de dólares por sus servicios y que ninguna autoridad local ha tenido acceso al contrato, lo que —a su juicio— impide una fiscalización efectiva. Por su parte, el concejal Aulestia indicó que “la ley es clara. No se puede eludir el sistema nacional de contratación pública usando como excusa una cooperación que no financia el contrato”.
Posición de la Empresa de Pasajeros
El 10 de abril, la Empresa de Pasajeros emitió un comunicado en el que sostenía que el convenio con Unops se ampara en los artículos 416, 419 y 425 de la Constitución, que permiten la cooperación internacional técnica. Según el gerente general Xavier Vásquez, se entregó información al Concejo Metropolitano y se eligió a Unops para la gestión del proyecto.
La empresa también afirmó que el Estado ecuatoriano mantiene acuerdos suscritos con agencias de Naciones Unidas, lo que, en su criterio, respalda jurídicamente el convenio con Unops. Además, indicó que el Sercop no se ha pronunciado sobre el convenio, sino que respondió preguntas formuladas por concejales, y que su criterio no tiene carácter vinculante.
