El drama de las adicciones en Ecuador no se vive solo en las calles. Detrás de fachadas anónimas y casas cerradas, una red de centros clandestinos de rehabilitación crece en Quito y el país. Ofrecen falsas promesas de recuperación, pero someten a sus víctimas a tortura, abuso y encierro ilegal.
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Centros rehabilitación clandestinos Quito: patrones de tortura y abuso
El 30 de mayo de 2025, un operativo en Nayón, al norte de Quito, reveló uno de los casos más graves. La Agencia Metropolitana de Control (AMC), la Acess y la Policía Nacional clausuraron un centro donde encontraron 40 mujeres recluidas, incluidas nueve menores de edad.
“Viví los peores siete meses de mi vida”, relató una de las víctimas. Su familia la había enviado allí tras un accidente, convencida de que recibiría atención profesional. En cambio, sufrió palizas, inmersiones forzadas, esposas, comida escasa y un intento de abuso sexual.
Otra joven explicó que la llevaron al centro en una camioneta, bajo engaño. “Me esposaron, me sumergieron en la piscina, me golpearon, y una guardia intentó abusar de mí. No nos dejaban ver a nuestras familias”, dijo.
Lo que halló la AMC en Nayón
“El lugar era una trampa: descargas eléctricas, inmersiones en aguas residuales, golpes y privación de alimentos”, señaló Gustavo Chiriboga, supervisor metropolitano de la AMC. Los inspectores encontraron dinero en efectivo, preservativos, documentos de menores y chalecos de seguridad.
“Además, las familias pagaban hasta 4 100 dólares por un supuesto tratamiento”, añadió Chiriboga. Incluso, algunas fueron encerradas bajo engaños o amenazas.
El 11 de junio del 2025, otro operativo confirmó que este patrón se repite. En La Roldós, la Policía y la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess) rescataron 15 personas, entre ellas dos menores de edad.
“Hemos encontrado hacinamiento, insalubridad, medicamentos sin autorización y rejas para evitar que las personas salgan”, explicó Paola Aguirre, directora ejecutiva de la Acess. “Las víctimas pidieron ayuda y denunciaron maltratos físicos y psicológicos”, agregó.
Datos oficiales: negocios de centros clandestinos de rehabilitación se expanden
El fenómeno no es aislado. Según datos de la Acess, en 2024 se clausuraron 88 centros clandestinos a nivel nacional. En lo que va de 2025, ya suman 39 clausuras.
En Quito, la AMC ha cerrado 12 centros clandestinos este año en sectores como Nayón, La Roldós, Checa, San José de Morán, Conocoto, Catzuquí, Yaruquí, Pisulí y Alpahuasi.
“No hemos encontrado un solo centro inspeccionado que cumpla con todos los permisos”, afirmó Chiriboga. “Muchos de estos lugares operan en casas comunes, ocultos en los barrios”, explicó.
Familias: las primeras víctimas del engaño
El dolor de las familias alimenta este negocio. Desesperadas por ayudar a sus seres queridos, muchas confían en anuncios que prometen soluciones milagrosas.
“Las familias actúan desde el amor, pero caen en una trampa”, advirtió Chiriboga. “Les cobran miles de dólares por un tratamiento inexistente. Y las víctimas sufren tortura, aislamiento y humillación”.
“Debemos recordar que las personas con adicciones son pacientes. No deben ser sometidas a tratos inhumanos”, enfatizó Paola Aguirre.
Centros ilegales como fachada de redes criminales
Los centros no solo son ilegales: también encubren delitos mayores. En el operativo de La Roldós, la Policía fue recibida a bala.
“Estamos viendo vínculos con microtráfico, tenencia de armas y actividades de grupos de delincuencia organizada”, advirtió Aguirre. En Nayón, los hallazgos reforzaron esta hipótesis.
“Cuando enfrentamos resistencia armada, queda claro que no estamos ante centros de salud, sino frente a redes criminales”, sostuvo Chiriboga.
Cómo identificar un centro de rehabilitación legal
Antes de internar a un familiar, las familias deben verificar que el centro cuente con un permiso de funcionamiento de la Acess. La consulta es pública en www.acess.gob.ec.
También deben comprobar que el personal tenga títulos profesionales válidos. “El tratamiento de adicciones requiere personal calificado y condiciones adecuadas”, subrayó Aguirre.
El desafío pendiente del Estado en los centros de rehabilitación de drogas
Los recientes operativos muestran un problema estructural: el Estado no cuenta con suficientes servicios públicos para atender las adicciones.
“Nos preocupa qué ocurre con las personas rescatadas”, dijo Chiriboga. “Tras la clausura, necesitamos que reciban atención real. Por eso hemos coordinado con la Secretaría de Inclusión Social y el Consejo de Protección de Derechos”.
Aguirre coincidió: “Debemos proteger a los pacientes. El sistema público debe fortalecerse para ofrecer soluciones seguras y efectivas”.
Cada centro clandestino que se cierra revela un drama oculto. Mientras el sistema formal siga siendo insuficiente, más víctimas caerán en manos de estas redes ilegales.
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