24 de August de 2011 00:01

Otra casa patrimonial fue derrocada

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En la esquina de las calles Checa y Juan Larrea, en el centro de Quito, hay restos de un muro blanco con rosado y una plancha de zinc, que cercan un terreno de tierra. En ese lugar había una casa de dos pisos que fue construida en 1924 y que estaba en el inventario de los bienes patrimoniales de la ciudad.

Un vecino, que pidió la reserva de su nombre, contó que en marzo de este año aparecieron en el inmueble los familiares de Estefanía Pazmiño, la propietaria (según consta en los registros de la Administración Centro). Recién ahí, el vecino se enteró que el bien había sido negociado.

En abril, dijo el vecino, los nuevos dueños empezaron a construir en el jardín una edificación. Por una revisión de rutina, la Administración Manuela Sáenz (Centro) hizo una inspección de la casa y verificó que el propietario no tenía los permisos municipales para la construcción.

En la descripción de la construcción, el informe dice: “es importante indicar que se trata de un predio inventariado, por lo que los trámites de obtención de los permisos de construcción, el propietario los realizará en la Comisión de Áreas Históricas”.

Con ese y otros antecedentes, la Administración sugirió la suspensión inmediata de los trabajos. “Pero el señor nunca hizo caso”, comentó el vecino.

En la tarde del 8 de julio, llegó maquinaria pesada a la casa y por la noche empezó la demolición. Los vecinos protestaron y llamaron a la Policía. “Cuando llegaron los agentes, el encargado de la obra se fue. Regresó el domingo para seguir con los trabajos”, agregó Marcia Sánchez, vecina.

De acuerdo con la resolución N° 031CMZC1-2011, los dueños del inmueble derrocado fueron citados el 9 de mayo por primera vez, pero no acudieron. Carmita Jaramillo, comisaria de Construcciones de la Administración Centro, explicó que en julio, tras enterarse del derrocamiento, fue al inmueble y colocó los sellos de suspensión de obra. Luego expidió la segunda citación para el 15 de julio, pero los dueños no acudieron.

Entonces, Jaramillo ordenó el bloqueo y afectación catastral. Este recurso sirve para que, en caso de que los propietarios pidan algún permiso de construcción, se les notifique que no es posible. Una tercera citación se fijó para el 20 de julio. Los dueños tampoco comparecieron y se decidió juzgarlos en rebeldía y expedir la resolución, el 16 de agosto.

Norma de Gómez vive en la casa de enfrente. Ella dijo que los adhesivos del Municipio fueron puestos después de que ya no quedaba nada de la vivienda. “Pero esto no le importó al dueño, porque hasta el viernes de la semana pasada había obreros trabajando en el terreno”.

En este proceso, la casa contigua, de Mónica Salvador, sufrió daños porque las dos edificaciones compartían un muro. “El señor hizo un hueco en el comedor. Cayeron pedazos en la mesa y en algunas sillas. Menos mal que no había nadie en ese momento”.

A partir de la notificación de esta resolución, Pazmiño y otros (así consta en la resolución) deben pagar USD 7 077.12 de multa. Además, deben derrocar lo construido en un plazo de ocho días.

De lo contrario, este trabajo lo harán cuadrillas del Municipio y los dueños deberán pagar esos gastos. Además, tienen 90 días para presentar un proyecto de restitución del bien patrimonial y luego reconstruirlo y arreglar los daños en la vivienda aledaña.

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