9 de July de 2012 00:01

Cárcel por dañar los bienes públicos

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En el proyecto del nuevo Código Integral Penal se endurecen las sanciones para quienes atenten contra los bienes patrimoniales, destruyan el mobiliario público y no cuiden el ornato de la ciudad.

También para quienes realicen llamadas falsas a las centrales de emergencia y talen los árboles.

La destrucción, sustracción, comercialización o adulteración de los bienes del Patrimonio Cultural están consideradas como delitos contra el derecho a la cultura en el proyecto del Código Integral Penal. Las sanciones van de uno a siete años de prisión y multas de entre 10 y 25 salarios básicos unificados. Según datos de la Unidad de Áreas Históricas del Municipio, en Quito actualmente existen 5 186 bienes inmuebles patrimoniales inventariados.

Actualmente, en la ciudad está vigente la Ordenanza 260 sobre áreas y bienes patrimoniales, que establece incentivos, pero también sanciones en relación con la destrucción e intervención no autorizada de los bienes patrimoniales. Según Darío Cobos, de la Unidad de Áreas Históricas, se está trabajando en un proyecto de reforma para ajustar los sistemas y mecanismos de intervención y mejorar los sistemas de control, incentivos y sanciones. “Se están tipificando las infracciones según la gravedad de la falta”.

El artículo 233 del proyecto del Código Integral Penal también fija una prisión de ocho días a un mes, para quienes destruyan los árboles. Álamos, tilos, cipreses, palmeras, eucaliptos… han sido talados en Quito para ejecutar obras. En La Carolina, La Mariscal y San Carlos, el Municipio realiza la ampliación del bulevar, el soterramiento de cables y un intercambiador.

Durante un recorrido se constató que unas 38 especies fueron cortadas en estos sectores.

El proyecto no establece excepciones. El ecologista Douglas Paredes mencionó que esta normativa podría detener la tala indiscriminada de árboles en la ciudad. “Estos son seres vivos y cumplen una función importante que es purificar el aire”.

Edmundo Vaca, docente de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica, comentó que el actual Código Penal, en su artículo 389, establece reclusión menor de tres a seis años a quienes provoquen intencionalmente un incendio en montes, arboledas o sementeras.

La tala no está tipificada. “Con esta norma todos serían sujetos de sanción, incluso, se debería castigar a quienes usan las plantas para promocionar sus posturas políticas”.

En el proyecto que debate la Asamblea también define sanciones para quienes obstaculizan el tránsito de los peatones en las veredas. Quienes incurran en esta contravención deberán pagar un Salario Básico Unificado (USD 292).

En Quito, un 85% de las sanciones por obstaculizar las aceras son emitidas a los conductores que estacionan vehículos o motocicletas en esos espacios.

En el 2011, la Secretaría de Movilidad tiene un registro de 26 883 multas con un total de recaudación de USD 3 548 556. Actualmente, la multa es de USD 146 que es el 50% del salario básico unificado.

El uso clandestino de los servicios básicos también está tipificado en el proyecto de Código Penal, con la privación de la libertad de uno a tres años y la multa de 10 salarios básicos unificados. La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento registra un promedio anual de 190 conexiones clandestinas.

El proyecto también incluyó sanciones para quienes realizaren falsas llamadas a los servicios de emergencia. La propuesta es que se le aplique una multa de cuatro salarios básicos y a los reincidentes se les añade la privación de libertad de entre 15 y 30 días, dependiendo de la gravedad.

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