Un sabor agridulce aún permanece: se vuelve difícil asimilar o entender que las dos medidas anunciadas por el alcalde encargado de Quito, Jorge Albán, se las hace pensando en el ciudadano y no en la coyuntura electoral.
Decir que no se cobrará parte del peaje y que se reducirán las multas por mal estacionamiento no cala del todo, como un beneficio para los ciudadanos.
Usuarios de los peajes de la autopista Rumiñahui y de la Interoceánica interpretaron con recelo esta decisión temporal, según las autoridades.
Igual situación se da con la reducción del valor de la multa por mal estacionamiento. Conductores consultados se refirieron, con molestia, a un cobro sustentado en una Ordenanza y no en la ley, como norma superior.
No hay que ser político ni experto en mercadeo para saber que el bolsillo de la gente es un tema delicado, casi sagrado. Y en lo municipal se expresa a través de predios, patentes, tasas, servicios..
Por esto, se supone, están medidos los efectos que tendrán estas dos medidas.
Lo político se reflejará el 23 de febrero. Pero las secuelas en la cultura ciudadana, en saber que hay normas que no se deben alterar, está por verse.