El 18 de julio del 2019 se realizó una calibración de los radares de velocidad que se ubican en la Ruta Viva. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y técnicos de la empresa proveedora de los radares de velocidad vehicular en la Ruta Viva realizaron el jueves 18 de julio del 2019 una revisión de la calibración de los equipos, frente a denuncias de supuestas multas injustificadas planteadas por usuarios de la vía que une a Quito con Cumbayá, Tumbaco y Puembo.
En esa arteria, que es una de las rutas hacia el aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, operan cuatro dispositivos (similares a señales verticales de tránsito amarillas y son los mismos que se encuentran en carreteras de Ecuador) en los kilómetros 4 y 11: dos de occidente a oriente y dos de oriente a occidente.
Durante la supervisión, autoridades de la AMT explicaron que la cámara con lector OCR para registrar multas se encuentra en la parte posterior del panel, es decir que las infracciones no se registran antes de atravesar los radares, sino después. Asimismo, precisaron que los artefactos cuentan con tecnología para detectar el exceso de velocidad a 100 metros de distancia y que el rango de captación es dos carriles típicos.
En el radar del kilómetro 11, Danny Gaibor, director ejecutivo de la Agencia, aseguró que “es imposible” que la AMT o alguna otra persona pueda “manipular” los radares. “Los radares se encuentran en perfecto funcionamiento y las fotomultas captadas registran a vehículos que superaron el límite de velocidad establecido”.
Gaibor respondió de esa manera a las denuncias que recopiló un grupo de usuarios de la vía por supuestos cobros indebidos de multas por exceso de velocidad. Está previsto que este viernes, 19 de julio, Gaibor se reúna nuevamente con los representantes para intercambiar información sobre los fotorradares y las quejas.
La semana pasada, unas 80 personas realizaron un plantón en la Ruta Viva para pedir que se anularan las multas emitidas entre marzo y mayo del 2019.
En la verificación de este jueves, Elena Berrazueta, de Atención Prioritaria y Libertades de la Defensoría del Pueblo, señaló que hay preocupación en la institución por las quejas de los usuarios. Señaló que un derechos de los ciudadanos es impugnar las multas y presentar las pruebas. “Acudimos a observar la calibración de los equipos para verificar que los fotorradares disparen de forma correcta”.
Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO
Según Wladimir Ruales, gerente de Alcolisti SA, la empresa proveedora de los fotorradares, cada mes se verifica el funcionamiento de estos dispositivos provenientes de Canadá. Dijo que los de la Ruta Viva se encuentran en óptimas condiciones. Esta firma ha instalado en la ciudad 18 equipos y en todo el país unos 400.
Se trata de radares que primero indican la velocidad a la que se desplaza un vehículo a una distancia de 100 metros, por lo que son preventivos. La multa se impone si un automotor circula por encima del límite previsto desde 20 metros antes de atravesar el fotorradar. La cámara instalada en el dispositivo registra las placas.
Según la AMT, en esta vía se han emitido 51 000 fotomultas por exceso de velocidad en lo que va del año. Gaibor destacó que quien se sienta afectado por una multa, tiene la posibilidad de impugnarla tres días después de la notificación, ante un juzgado de Tránsito. En Quito se han registrado cerca de 1 000 impugnaciones por esta causa durante este año.
