“Aquí adentro no hay comercio. Entre semana está vacío“. Ana Amancha, de 64 años, recuerda que en 2003 entró al centro comercial Hermano Miguel, en el Centro Histórico de Quito, con la promesa de que el comercio informal iba a desaparecer. Dejó de vender sandalias en la calle. Pero “por la crisis económica las ventas informales crecieron demasiado”. Hoy vende una o dos piezas al día.
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En el puente de El Tejar, los comerciantes ambulantes se ubican como un enjambre apretado: uno tras otro. Están atentos a cualquier movimiento de los agentes metropolitanos de control. Algunos empujan carritos, otros despliegan su mercadería sobre el metal oxidado del puente. Los martes y sábados-cuando hay feria-el comercio informal llega al punto máximo de ebullición.
Afuera de los centros comerciales populares El Tejar, Hermano Miguel y Nuevo Amanecer, el movimiento es frenético. Adentro reina el silencio. Son parte de una red de 11 centros que nacieron hace más de 20 años como respuesta municipal al comercio informal de principios del 2000.
Los rostros de los comerciantes detrás de mostradores son de cansancio y resignación. Los pasillos se ven desiertos. Los dependientes matan el tiempo. Las personas entran a usar los cajeros automáticos. Juliery Indacochea, dependiente de un local de ajuares, explica que un vestido de bautizo que cuesta 12 dólares afuera lo venden en cinco. “No es la misma calidad. La gente va por lo más barato”.
El tercer piso del Hermano Miguel conecta con el Centro Comercial Nuevo Amanecer. Aunque más iluminado y con una imagen más moderna, el resultado es el mismo: pasillos sin compradores. Lo que ocurre afuera está afectando lo que alguna vez fue la promesa de ordenamiento urbano.
La apuesta de los centros comerciales populares, pero con grietas desde el inicio
Durante tres décadas, las calles del Centro Histórico estaban tomadas por seis mil vendedores ambulantes. Estaban en las calles: Mejía, Olmedo, Chile, Imbabura y Cuenca. Pertenecían a 98 asociaciones. Habían convertido el espacio público en un mercado.
La apuesta era clara: liberar las calles y ofrecer condiciones laborales dignas a quienes por años habían sobrevivido en el caos. Tras años de negociaciones, en mayo de 2003, bajo el liderazgo del entonces alcalde Paco Moncayo, comenzó el traslado masivo a 11 centros comerciales del ahorro. Según datos de la Agencia de Comercio de Quito hay está cantidad de locales:
- Hermano Miguel: 1 725
- El Tejar: 1 135
- Chiriyacu: 613
- Granada: 430
- Montúfar: 416
- Chillogallo (Ipiales del Sur): 388
- Mires: 217
- Pasaje Sanguña: 216
- San Martín: 204
- Nuevo Amanecer: 185
- Ipiales del Norte (Ahora es parte del mercado de Andalucía)
Los errores y los aciertos
La infraestructura se construyó. Los comerciantes ingresaron. Pero, dos décadas después, el mapa de estos centros refleja grietas estructurales que nunca se cerraron.
El concejal Héctor Cueva, integrante de la Comisión de Comercialización del Concejo Metropolitano, identifica cuatro fallas clave del modelo original:
- No hubo acompañamiento técnico sostenido.
- No existió una política de incentivos.
- No se promovieron adecuadamente estos espacios.
- Un error de diseño que limitó la capacidad de acción municipal: Al haber transferido la propiedad de los locales a cada comerciante, el Municipio perdió margen de intervención. Solo puede invertir en aquellos predios donde aún conserva propiedad. “La Contraloría ha sido clara: no se puede usar dinero público en espacios que ya no le pertenecen al Municipio”.
A pesar de las fallas, Cueva reconoce que hubo aciertos, especialmente, en el esfuerzo por construir infraestructura formal y rescata una lección esencial: “Sin planificación integral ni participación activa de los comerciantes, ningún proceso de reubicación es sostenible”.
En el centro comercial Nuevo Amanecer, los pasillos están vacíos, entre semana.
Propiedad compartida, reglas pendientes en los centros
Aunque los centros comerciales populares operan bajo administración privada, organizados como propiedad horizontal, el Municipio de Quito sigue figurando como copropietario de una parte: 1 061 predios entre locales, bodegas, parqueaderos e incluso 70 puntos de venta que solo existen en papel, pero que constan en declaratorias originales. La idea es que estos precios se vendan a vendedores autónomos. En las calles hay por lo menos 25 mil, según la estimación preliminar del Municipio.
A más de dos décadas de su creación, los centros son un mosaico de realidades. Algunos comerciantes originales aún están detrás de sus vitrinas; otros ya fallecieron. Y muchos ocupan espacios sin escritura ni arriendo, bajo la figura de “mero tenedor”, es decir, están, pero no tienen respaldo legal.
David Mogollón, director de Centros Comerciales Populares del Municipio, reconoce que hay varios problemas legales por resolver, desde 2019. Por ejemplo:
- 67 locales fueron modificados sin autorización y deben ser reacondicionados antes de ser vendidos.
- 420 locales no tienen escrituras protocolizadas.
- 240 ocupantes deben pagar para completar su proceso de regularización.
El valor de los locales varía según su ubicación y metraje: en Ipiales del Sur se pueden conseguir desde USD 4 000, mientras que en el Mires el precio sube a USD 7 000 o más.
A esto se suma una figura clave pero invisible: los locales “ancla”, destinados a servicios públicos -como pago de luz o agua- no pueden arrendarse ni venderse, ya que el Municipio no cuenta con una figura jurídica de custodia.
Además, desde 2012, el Municipio arrastra una deuda por alícuotas impagas en los centros. “El Municipio no desconoce esta deuda”, aclara Mogollón, pero se necesitan cuentas claras.
Una ordenanza en construcción
Para destrabar esta madeja legal y cerrar el proceso de regularización y compraventa de predios, el Concejo Metropolitano discute una nueva ordenanza. El proyecto ya pasó el primer debate y está en manos de la Comisión de Comercialización. El plazo es de 90 días para presentar el texto final.
El principal cambio que trae esta norma es esencial: establecer un procedimiento claro para adjudicar locales de forma definitiva y con reglas iguales para todos.
Afuera del centro comercial popular Ipiales del Sur y debajo del puente de Chillogallo hay un mercado paralelo en las calles.
Ipiales del Sur: La calle como salida a la crisis
La caída de las ventas no es exclusiva del Centro Histórico. En Ipiales del Sur, ubicado en Chillogallo, la situación es similar o peor. Afuera, en el puente de ‘El Caballito‘, la calle se transformó en un mercado paralelo. Los vendedores ambulantes se ganan al cliente antes de que entre al centro comercial.
Adentro, el panorama es desolador. Solo 60% de locales operan en los dos pisos del centro. El resto está cerrado o sobrevive. Xavier Calderón , uno de los comerciantes que se mantiene activo, resume el sentir colectivo: “Escucho a mis compañeros decir todos los días: ‘No vendo absolutamente nada’”.
La desesperación empujó a varios a salir a la calle a vender. Pero afuera se enfrentan a un mercado aún más hostil: productos de contrabando, precios imposibles de igualar, falta de control, desorden e insalubridad. Calderón solicitó ayuda en la Administración Zonal Eloy Alfaro. La respuesta que recibió fue desalentadora: “Esperen a que pasen las elecciones presidenciales”.
No están en contra de quienes están en la calle. Su clamor es otro: que se reubique a los comerciantes informales con orden y criterio , para que el sacrificio de quienes aceptaron formalizarse valga la pena.
Los distribuidores mayoristas del centro comercial La Merced no se ven afectados por las ventas informales. Foto: Julio Estrella
Los que sí ganan: comerciantes mayoristas
En medio del desgaste generalizado de la mayoría de vendedores autónomos de estos centros comerciales, hay excepciones que funcionan con lógica propia. El segundo piso del Centro Comercial La Merced, en pleno Centro Histórico, es uno de esos casos.
Maité Martínez , administradora de los locales, vive una realidad distinta: la de los ganadores. “Aquí la mayoría vende al por mayor. No nos afecta tanto la venta ambulante de afuera”. La clave, según explica, está en el tipo de cliente y en la escala de venta. Muchos de los negocios administrados por comerciantes asiáticos y nacionales trabajan con pacas de ropa, gorras, zapatos. Obtienen de entre 10% y 15% de ganancia. Lo que más los afecta, afirma Martínez, no es la competencia informal, sino la percepción de inseguridad que tienen los consumidores.
A esta dinámica se suman otros actores: los mayoristas que llegan desde Ambato, Atuntaqui, Pelileo y otras ciudades. Aparecen martes y sábados para vender su mercadería a comerciantes formales e informales. Entre las 04:00 y las 11:00 hacen negocio, descargan pacas y desaparecen.
Este circuito comercial paralelo nutre a los vendedores de los centros y a los de la calle. Y revela otra realidad: unos luchan por sobrevivir y otros prosperan gracias al mismo modelo.
Lo que debe cambiar: propuestas desde dentro
Leticia Orbe, comerciante del Centro Comercial Nuevo Amanecer, plantea una de las demandas más urgentes: “A quienes les falta pagar por el predio pedimos que se mantenga el valor catastral”.
Junto a ella, otros comerciantes coinciden en que es clave que la nueva ordenanza contemple acciones concretas para que los centros no solo sobrevivan, sino vuelvan a ser atractivos para el público:
- Reubicar a los comerciantes informales en ferias itinerantes, abiertas y reguladas, mercados.
- Campañas de promoción y desestigmatización, especialmente para centros como Montúfar, que arrastra una imagen negativa asociada a la venta de productos robados.
- Apoyo en marketing digital para comerciantes de la tercera edad que no manejan redes sociales. La venta online ya no es opcional, y varios centros necesitan capacitación urgente.
- Modernización urgente de algunos centros: mejor iluminación, señalética, accesibilidad, baños, áreas comunes. Sin renovación física, no hay reactivación real.
- Más seguridad dentro y fuera de los centros, con presencia activa de la Policía Nacional y agentes metropolitanos. Es vital recuperar la confianza del consumidor.
- Controles firmes al contrabando y al microtráfico en zonas donde se ha detectado venta ilegal de tabaco o sustancias. Esto ahuyenta a los clientes y daña la reputación del entorno.
Los vendedores de los centros comerciales populares reclaman algo esencial: que sus voces sean tomadas en cuenta antes del segundo debate de la ordenanza. Temen que, sin participación real, el modelo se repita con las mismas fallas.
