Desde hace 10 años, la alarma comunitaria es la herramienta que usan los vecinos del barrio Santa Ana, en el sur, para combatir a la delincuencia. Un timbrazo los pone en alerta.
Si la bocina suena dos veces, es señal que algo malo pasó. Todos salen en grupo. Los hombres llevan palos para amedrentar.
Los miembros de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) los acompañan y son los que actúan en caso de que se encuentre a sospechosos. Han logrado evitar robos a los domicilios, a los transeúntes y, en especial, que no se instalen en el barrio delincuentes que operan en otros sectores como La Michelena.
En Santa Ana, los moradores coordinan estrategias de seguridad con la Policía. No actúan solos. Cada semana mantienen reuniones y charlas de capacitación.
Paulina Garrido, otra moradora, ha aprendido que en un asalto se debe mantener la calma y jamás enfrentarse a los delincuentes. Para reforzar la seguridad planifican conformar brigadas para hacer patrullajes nocturnos.
Sergio Sánchez, uno de los fundadores del barrio en 1978, resaltó que a través de la unión de los vecinos han conseguido obras.
Por ejemplo, con mingas obtuvieron luz eléctrica, agua, alcantarillado, líneas telefónicas y la casa barrial. “Cuando empezaron los problemas de inseguridad nos dimos cuenta que debíamos seguir organizados para combatirla” dijo. En su cuadra, en la calle Japerabi, las 20 familias instalaron una alarma. Cada familia aportó con USD 30, en promedio. El mantenimiento del artefacto lo hacen periódicamente y con sus propios recursos.
Según Kléber Garrido, jefe de la UPC, Santa Ana es uno de los sectores más tranquilos del sur de la ciudad. El problema de inseguridad lo ocasionan las pandillas y grupos que intentan libar en la vía pública. Gladys Fonseca, otra moradora, contó que son personas de otros lugares que llegan pasadas las 18:00. Los vecinos alertan a la UPC para que los retiren.
Para Kléber Garrido, la coordinación entre la Policía y los vecinos es importante para fomentar una cultura de seguridad y combatir a la delincuencia. En el UPC hay un oficial y siete de tropa.
En el Distrito hay 270 UPC, según el alcalde Augusto Barrera debería haber entre ocho y 10 uniformados en cada unidad para brindar un servicio eficiente. Hay un déficit de 600 policías. Barrera pedirá al Gobierno la dotación de más policías para el Distrito y el apoyo del Ejército.
El 62% de lo que se recauda por la Tasa de Seguridad Ciudadana se destina a equipar las UPC. En un informe de la Empresa de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana (Emseguridad-Q) se indica que se construyeron 16 nuevas UPC y se realizó la ampliación, remodelación y mantenimiento de otras 13.
Además, se adquirieron 23 vehículos y 29 motocicletas. La veeduría ciudadana de la Fundación Marcha Blanca hizo un estudio sobre el uso de estos recursos y concluyó que hacen falta políticas de seguridad.
Otro barrio que se destaca por su organización es el Quito Tenis, en el norte. Allí se ha coordinado con los 50 guardias de seguridad de los conjuntos habitacionales.
Ellos están permanentemente conectados con los 11 policías de la UPC, a través del celular.
Con frecuencia, los uniformados les llaman. “Me confirma si hay alguna novedad” preguntó el miércoles el policía Segundo Arce. “Negativo”, respondió un guardia. El guardia Raúl Romero comentó que cuando observan vehículos o personas sospechosas de inmediato avisan a la UPC.
La reacción es inmediata. El patrullero acude al sitio y verifica. La UPC funciona dos años en el barrio y desde entonces los vecinos han colaborado con los gendarmes, según Pablo Arias, otro vecino. Para el capitán Benjamín Molina, la seguridad en un barrio no depende solo de la Policía. La organización de los vecinos es un soporte para prevenir y proteger.
Por ejemplo, en Rumipamba se aplicará el proyecto del botón de pánico en los locales comerciales. A través de una consola se conocerá desde dónde se activó el botón y la Policía acudirá al auxilio. Se empezará con 30 locales.