3 de August de 2012 00:00

1 360 choferes de transporte escolar no están habilitados para este año

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Un mes antes de iniciarse el año lectivo en el Distrito, la regularización del transporte escolar no concluye. Según los datos de la Secretaría de Movilidad, 1 700 personas registraron sus documentos para obtener el permiso de operación. Con la vigencia del reglamento a la Ley de Tránsito, se presentó un nuevo problema: quienes conducen las busetas deben tener licencia profesional.

El 80% de estas personas (1360) no cumple con ese requisito. Patricio Ubidia, presidente de la Comisión de Movilidad del Municipio, aseguró que quienes no tienen licencia profesional pueden inscribirse en el proceso de regularización, pero no pueden conducir un vehículo escolar hasta obtener el documento.

El curso para obtener la licencia profesional dura 480 horas y se lo dicta en cuatro meses. Es decir, que quienes están en el proceso de regularización y necesitan el documento no estarían habilitados para trabajar en el inicio del próximo año escolar.

Ruth Espinoza, de 52 años, trabaja en el transporte escolar desde hace cuatro años. Es madre de familia y optó por dar este servicio por la necesidad de sostener a su familia. Ella tiene licencia tipo B (Sportman). “Ya se inician las clases y no vamos a poder trabajar hasta regularizarnos”.

Rigoberto Castillo trabaja en el transporte escolar desde hace siete años. Él es conductor profesional. Antes pertenecía a una cooperativa de transporte interprovincial. Cuando les exigieron la renovación de unidades, Castillo tuvo que buscar otro sustento para su familia. En su opinión, es favorable que se exija la licencia profesional porque en la actualidad hay una sobreoferta de vehículos escolares, porque la licencia sportman es más fácil obtener.

“Tenemos poco trabajo porque hay gente que se compra busetas y hace recorridos. Gano USD 180 mensuales porque hay pocos niños”, aseguró.

De acuerdo con el estudio realizado por el Municipio, el 60% de los aspirantes a obtener el permiso para transportar alumnos es de madres jefas de hogar.

Beatriz González trabaja en el transporte escolar desde hace tres años. Ella realiza recorridos para varias instituciones educativas para incrementar su ingreso económico mensual. González es madre de dos hijos y el único sustento del hogar.

Ella no tiene licencia profesional, pero está dentro del proceso de regularización. “Hay prioridad para nuestro caso, sin embargo, el tema de la licencia me preocupa porque ya inician clases y ese documento es esencial para poder trabajar”.

Para la concejala María Sol Corral, integrante de la Comisión de Movilidad, esta actividad es la única posibilidad de empleo que tienen decenas de personas como González.

La Concejala explicó que en los próximos tres meses se realizará la categorización y recategorización de licencias. Además, el dueño de vehículo debe ser cónyugue o tener primer grado de consanguinidad con quien va a conducir el automotor. “Se dará prioridad a mujeres, madres, jefas de hogar y personas con discapacidad”, aseguró Corral.

En el proyecto de Ordenanza, que ya pasó el primer debate en el Concejo, se estable que quienes ofrezcan el servicio de transporte escolar e institucional sin permiso, serán sancionados con 20 remuneraciones básicas unificadas y quedarán impedidos de ejercer esta actividad por 5 años.

Ubidia insistió en que también se debe regular el costo del servicio y el porcentaje que debe recibir la institución educativa. Por ahora, ese porcentaje es diverso y depende de la autoridad de cada establecimiento.

Según los cálculos de la Comisión, el proceso no concluirá hasta el inicio de las clases en Quito.

Sandra Pozo, presidenta de la Asociación de Transporte Escolar e Institucional de la capital, es necesario que las personas que se encuentran en el proceso de regularización tengan una especie de salvoconducto para que no sean sancionadas por la Policía.

De los 417 107 estudiantes que hay en la capital, el 80% (328 734) se moviliza en transporte escolar ya legalizado. Según información de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), esta demanda es cubierta por 2 720 unidades, asociadas en 44 cooperativas. La diferencia, 88 373 estudiantes, se estaría movilizando a pie, en transporte público y en las busetas escolares que están en proceso de regularización.

La ordenanza

En la convocatoria.   No pueden presentarse servidores públicos o miembros de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional.   
Del vehículo.   Debe tener la matrícula vigente, contrato de compra y venta del vehículo notarizado y emitido antes del 31 de julio.  
Propietario.   Estar domiciliado en Quito al menos un año ininterrumpido a la vigencia  de la ordenanza.

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