Valeria (nombre cambiado) tiene discapacidad física y sus padres están divorciados. El miércoles pasado en la mañana su mamá, con quien vive, se acercó al Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis) para solicitar un salvoconducto que le permitiera circular durante las horas del pico y placa.
En la tarde, y por separado, el padre de la niña también se acercó a tramitar este documento.Gabriela Barahona, coordinadora provincial del Conadis, recordó que cuando las personas encargadas de verificar la documentación se dieron cuenta, presenciaron una discusión de ambos progenitores respecto a cuál de los dos se encargaba de transportar a la niña, y por consiguiente necesitaba tener el salvoconducto a su nombre.
Barahona dijo que este es un ejemplo de las solicitudes injustificadas que se han presentado desde que inició el trámite de salvoconductos para el pico y placa.
Según los últimos datos proporcionados por el Conadis, se han emitido 1 117 de estos documentos, de los cuales 635 han sido para personas con movilidad reducida y personas con discapacidad auditiva que conducen y 482 a personas que transportan a personas con discapacidad.
En el caso del primer grupo, el trámite es personal. Luego de presentar la copia de la cédula de identidad, la licencia de conducir, el carné de discapacidad y la matrícula del vehículo, el beneficiario debe firmar una declaración juramentada de la veracidad de sus documentos.
En el segundo caso, la persona que va a transportar a su familiar con discapacidad debe presentar un certificado. Este debe indicar que la persona con capacidades especiales debe ir a sus terapias, tratamientos o centro de estudio en la hora que rige la restricción.
El Conadis recomendó tener siempre en el vehículo una copia de los certificados, porque hay reportes de conductores con el salvoconducto pero en el momento del control policial no están con su familiar con discapacidad.
En estas situaciones es cuando, según Barahona, se han producido más pedidos injustificados. “Hemos visto casos de personas que traen a sus abuelitos o personas que nunca salen para obtener el salvoconducto”.
Adrián Álvarez, uno de los encargados de revisar los documentos, dijo que se han presentado personas que no tienen ninguna discapacidad. Ellos, según Álvarez, exigen el permiso aduciendo que son funcionarios públicos. “Un señor incluso amenazó con denunciarme en la televisión”.