Dirigentes de barrios del sur de Quito, con más contagios, piden apoyo para sus vecinos. En el país, 950 005 personas han recibido USD 120, del MIES. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO
¿Si no salgo, cómo consigo para la comida de mis hijos?, pregunta Nelly Clavijo, moradora del barrio Jesús del Gran Poder, en Chilibulo, sur de Quito.
Es uno de los cuatro sectores más afectados por el covid-19. Hace un mes a la madre de familia le llegó un kit de víveres de parte del Municipio. Traía arroz, lenteja, avena y dos latas de sardina. En su casa vive con sus tres hijos de 19, 16 y seis años. Le duró tres días.
Nelly aún convalece por el covid-19. Contrajo el virus al salir a la calle a vender aceite, detergente y otros productos.
Sin otro medio para subsistir –cuenta– tuvo que salir a exponerse. No recibió el Bono de Protección Familiar, que entregó el Gobierno por la emergencia, en mayo y junio.
950 005 personas en situación de vulnerabilidad cobraron 120 dólares, según el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).
En el barrio Jesús del Gran Poder –dice su dirigente, Giovanny Pazmiño– nadie lo ha recibido. “Muchos vecinos quisieron acceder pero no son parte del Registro Social”.
Antes de la emergencia sanitaria –dijo el MIES– se estaba actualizando el Registro Social para levantar la información social, económica y demográfica individualizada en hogares y núcleos familiares en las viviendas ocupadas de sectores prioritarios.
Una vez superada la emergencia sanitaria, la actualización del Registro Social continuará, señaló la Cartera. Se espera levantar la información de 2,4 millones de hogares.
Sus vecinos –señala el dirigente barrial Pazmiño– viven en condiciones precarias. Él calcula que de las 400 a 500 familias, de tres y cuatro integrantes de Jesús del Gran Poder, al menos el 80% vive del día a día, del comercio informal. “La falta de ingreso fijo no les permite quedarse en casa”.
Las familias pobres, que perdieron ingresos, deberían recibir un bono mensual de por lo menos USD 150, indica el PhD en control de enfermedades, Alberto Narváez. Eso –anota– les asegura lo mínimo para sobrevivir. “De lo contrario la mayoría se infectará y colapsará el sistema de salud”.
Para Narváez, “que se produzcan brotes explosivos como en Guayaquil, hasta que se infecte el 60% de la población y gane inmunidad de rebaño, implicaría que mueran los más pobres”. Por eso insiste en hacer cercos en los barrios y allí entregar las ayudas.
El rector de la U. Central, Fernando Sempértegui, defiende la idea de trabajar en el control epidemiológico en los barrios y entregarles kits.
Diana Iza vive en Palestina, sur de Quito. Tiene miedo de contagiarse y afectar a su hija y nieto. Por eso opta por salir a trabajar pasando un día.
En las calles de la Magdalena o la Michelena ofrece papel higiénico o mascarillas. Teme por la salud de su familia, ya que recién supo que un vecino murió con covid-19. “Pero si no salgo, qué comemos”.
Cuando el Gobierno anunció que entregaría bonos, Iza le pidió a su hija que revise si era uno de los beneficiarios. “No salí favorecida, así que con miedo toca salir”.
En Chillogallo, las personas de bajos recursos tampoco pudieron acceder al bono de emergencia, asegura su dirigente William Basante. Al ser la mayoría comerciantes minoristas –explica– han tenido que sacar su RUC o RISE. “Por eso no les dieron el bono”.
Los líderes barriales gestionaron donaciones de alimentos, con fundaciones, y de mascarillas, con empresas privadas. Pero no es suficiente. “El resultado es ventas informales en todo el espacio”.
Según el MIES, no pueden beneficiarse de este bono los núcleos familiares en los que exista un servidor público, un miembro de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas o de la Policía, entre otros.
Tampoco quien conste en la base de datos del IESS, con excepción de los afiliados al Seguro Social Campesino, al Trabajo No Remunerado en el Hogar y afiliados sin relación de dependencia, cuyos ingresos mensuales sean menores o iguales a un salario básico.
Con sorpresa, Karen (nombre protegido) recibió un mensaje de texto en el que se le informó que era beneficiaria del Bono de Protección Familiar. “Pensé que era una broma”, señala la joven de 20 años. Al ir al banco le dieron USD 120, que envió a su abuela, en Manabí. Ayuda a sus padres en la atención de dos farmacias, en el norte de Quito.
El MIES hizo dos transferencias de USD 60 en abril y mayo a
400 019 beneficiarios de 18 a 100 años. En junio, en un pago dio 120 a 549 986 nuevos núcleos familiares.