Logró lo que 17 608 taxistas irregulares quisieron: pasar a la segunda fase en el proceso de regularización. Sin embargo, sigue consternado: no cuenta con los USD 12 000 que una cooperativa legal pide para que, una vez que obtenga su permiso de operación, pueda unirse a sus filas. El proceso de regularización es gratuito, pero unirse a una operadora ya conformada tiene un costo.
Las afueras de Mall El Jardín son uno de los lugares más concurridos por taxistas legales en busca de pasajeros. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO
Juan, de 47 años, pide no citar su apellido, porque teme que si lo hace, lo dejen fuera. Planea hacer un préstamo para pagar ese monto, lo que le dará acceso al uso de la sede, a créditos para renovación de carros y a otros beneficios por los que, quiera o no, debe pagar.
Esta semana, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) deberá terminar el análisis de las 1 600 impugnaciones de los aspirantes que recibieron un informe negativo en la primera fase de la regulación, pero que consideran que hubo un error.
El proceso fue personal. Cada interesado presentó sus documentos. Pero ahora, los 10 270 taxistas que pasaron a la segunda fase deben decidir si se unen a una cooperativa o compañía existente o si crean una nueva. Ambas -dicen- implican altos costos.
Mariela Veloz, directora de Registro y Administración Vehicular de la AMT, explica que hasta ahora unos 4 000 aspirantes idóneos hicieron la solicitud: unos 500 buscan unirse a una operadora existente y 3 500 solicitaron la creación de una nueva. La mayoría opta por formar una compañía para evitar cobros excesivos.
Guillermo Abad, director de Justicia Vial, explica que el puesto del trabajo que otorga el Municipio es gratuito, pero hay un sobreprecio de derechos y acciones que las operadoras cobran para acoger a un miembro nuevo. Está ligado al patrimonio de la operadora, y lo ejemplifica: si una cooperativa cobra USD 15 000, es porque tiene 100 socios y su patrimonio es de USD 1,5 millones.
El valor nominal del derecho de una operadora se calcula dividiendo el patrimonio para el número de acciones, en el caso de las compañías, o de socios, en el caso de las cooperativas.
Justicia Vial hizo una veeduría a la primera fase del proceso y la próxima semana empezará el acompañamiento en la segunda. Abad asegura que ha recibido denuncias de taxistas por un cobro excesivo por el puesto en una cooperativa.
Sugiere a los aspirantes pedir un informe del patrimonio de la asociación y ver si el valor se justifica. Si es excesivo, puede denunciar en la veeduría de Justicia Vial, en la Secretaría de Movilidad o en la Fiscalía.
Según Abad, en la segunda fase organizará una reunión con la Superintendencia de Compañías (que rige a las cooperativas), y con la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria (a las compañías) para pedir un mejor control en esos valores. Además, apunta, se debe garantizar que el dinero vaya a la empresa, no al bolsillo de los dirigentes.
Veloz puntualiza que no todos los aspirantes que están en la segunda fase tendrán su permiso de operación. Solo hay
8 693 cupos. Los idóneos deben ingresar una solicitud cumpliendo unos pasos que están en la web y entregar otra documentación, dependiendo de si se unirán a una cooperativa o abrirán una nueva en 90 días, tras ser notificados.
Han pasado casi dos meses y solo el 40% lo ha hecho. Si hasta el 29 de marzo el interesado no hace el trámite, se entenderá que abandonó el proceso.
Uno de los requisitos para culminar el proceso es tener un vehículo homologado por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). El taxi debe cumplir requisitos según la marca y el modelo. Para un taxi convencional, su vida útil es de 15 años. Para los ejecutivos es de 10 años. Si el auto es más antiguo, no podrá ser regularizado.
Juan lo sabe y eso también le preocupa. Deberá renovar su vehículo en cuatro años más y, por lo tanto, deberá hacer otro préstamo. Pero vale la pena, dice, con tal de poder trabajar en paz, sin tener que huir de la ley.
Un grupo que ahora ofrece servicios de taxirrutas a la entrada del Condado y que busca ser regularizado, conformará su propia compañía: Planada Express. Se sumarán a las 330 operadoras legales de Quito.
Para Galo Almeida, de la Cooperativa Taxis Ejecutivos Pueblo Blanco, hace falta más información a los aspirantes, porque algunos no saben adónde asistir. Comenta que siempre el puesto en una cooperativa va a ser más alto porque sus miembros aportan y tienen mayor patrimonio.
El taxi ejecutivo, en cambio, es nuevo. Se creó en el 2011, por lo que su patrimonio es menor. El puesto, dice, puede ir entre USD 1 000 y 2 000, y no solo se paga por eso, sino por el sistema operativo, las operarias, el arriendo de oficinas, entre otros rubros.
Diego Padilla, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Operadora de Taxis Ejecutivos del Ecuador, explica que el nuevo miembro debe pagar por el prestigio y la cartera de clientes. Advierte que la creación de una compañía es larga y costosa, porque implica contratar abogados, poner capital, buscar oficinas, empleados, entre otros trámites.
En contexto
El proceso de regularización se inició desde el 23 de agosto del año pasado. De los 17 608 taxistas sin documentación en regla que participaron en este proceso, 10 270 pasaron a la segunda fase. Los restantes recibieron un informe negativo.