Familias reclaman supuesta estafa en Seguros Bolívar

Seguros Bolívar

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Familias supuestamente perjudicadas por Seguros Bolívar protestaron afuera de la Fiscalía este 2 de febrero. Foto: Mónica Orozco/EL COMERCIO

No somos Terrabienes, pero somos también perjudicados por los Ortega Trujillo”, se lee en un cartel que sostiene Marco Granja, una de las 11 personas supuestamente estafadas por ejecutivos de la Seguros Bolívar, hoy en liquidación y parte del grupo empresarial Ortega Trujillo.

El quiteño asegura que entregó, a través de varios desembolsos, USD 60 000 entre febrero del 2013 y marzo del 2014.
Para juntar el dinero, dice que recurrió a ahorros, la venta de un vehículo e incluso sacó un préstamo de USD 10 000 que aún está pagando.

Por cada USD 20 000, al parecer, se ofrecía un pago de USD 800 de interés mensual. El respaldo de la entrega de recursos son varios cheques que entregó la aseguradora y que muestran los perjudicados.

Granja explicó que decidió invertir en la aseguradora porque le aseguraba un rendimiento del 4% mensual. Dice que altos ejecutivos de la compañía en ese entonces le indicaron que “el dinero era una inversión”.

Cuenta además que por cada desembolso la compañía le entregaba como respaldo un cheque posfechado, que incluía el monto de recursos y el monto por intereses, que nunca pudo cobrar.

Granja relata que no pudo hacer efectivo uno de esos cheques, ya que en el banco le indicaron que la firma del documento no era la "autorizada".

La aseguradora nunca le devolvió los recursos y el 30 de junio del 2014 se enteró que entró en liquidación.

Junto a otros perjudicados planteó una demanda por estafa el 20 de agosto del 2014 en contra de los principales directivos de la aseguradora.

Hoy, 2 de marzo del 2015, acudió junto a otras personas que también reclaman montos similares a la Fiscalía General en Quito para pedir agilidad en el trámite de su denuncia.

Edison Rodríguez, abogado de los perjudicados, explicó que la denuncia se presentó por estafa masiva.

El abogado explica que los recursos no se registraron en la contabilidad de la compañía ni en los pasivos, por lo que no pueden exigir el pago al liquidador. “Ellos tenían la actividad comercial de seguros, mas no para captar en una inversión o capitales”.

El monto total del perjuicio a las 11 familias sumaría USD 460 000, según Rodríguez.

Martha Valdez, otra perjudicada, dice que un familiar le habló de la posibilidad de invertir en la firma y entregó USD 40 000, resultado de la venta de una vivienda que había realizado en esos días. A cambio le ofrecían un interés mensual de USD 1 600, que nunca llegó a cobrar.

Por su parte, la Fiscalía de Pichincha confirmó que existen 10 denuncias en contra de los directivos de la aseguradora e indicó que se espera que más perjudicados lleguen a denunciar el hecho para "condesar la información en un solo caso y remitir a una de las fiscalías especializadas que conocen este tipo de delitos".

"El caso se encuentra en investigación previa, por lo tanto no se puede ahondar en detalles al respecto", señaló el organismo ante una consulta de este Diario.

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