20 de mayo de 2018 12:58

De San Antonio de Pichincha salen 1 100 volquetas de material pétreo al día

La Cantera Mandingo es una de las más grandes de la parroquia de San Antonio de Pichincha. Está ubicada en el sector de Caspigasí. Vicente Costales / EL COMERCIO

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Evelyn Jácome

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Cambió. Ya no es solo el poblado polvoriento desde donde sale el 70% de los materiales pétreos con los que se construye el norte de Quito. Ahora, San Antonio es más.

Desde hace cinco años, esta parroquia -que cumple esta semana 117 años- comenzó una mutación que hoy la perfila como una de las zonas de mayor crecimiento de Quito.

En gran parte ese cambio se debe al fuerte control que las autoridades parroquiales realizan en las canteras.

Álex Troya, presidente del GAD, cuenta que pasaron de tener 42 minas (la mayoría irregular) a contar con nueve legales. Desde San Antonio de Pichincha, cada día, se despachan unas 1 100 volquetas cargadas de material pétreo. La zona abastece a Quito de 8 800 m³ de ese material al día.

Gracias a su organización, han logrado disminuir el impacto de un vacío en la normativa, que dificulta un correcto proceso de concesiones mineras en la capital.

Desde el 2015, todo lo que gira en torno a ese tema pasó a manos del Municipio, es decir lo relacionado a otorgamiento de permisos y recaudación de regalías y patentes. Para ello se creó la Unidad de Áridos y Pétreos, una dependencia adscrita a la Secretaría de Territorio.

Nueve canteras legales tiene San Antonio de Pichincha. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

En el 2016 se aprobó una Ordenanza para asumir la competencia, pero aún falta crear la normativa para que entre en funcionamiento. Uno de los principales problemas que este vacío genera, es que desde entonces no ha sido posible tramitar los permisos para abrir nuevos puntos de extracción pétrea, o de ampliar los existentes, lo que puede desembocar en la ilegalidad.

 Jacobo Herdoíza, secretario de Territorio, aclara que la unidad está conformada y se está consolidando, pero hasta el momento no se ha entregado un permiso de explotación. Tampoco se cobraron valores por patentes y regalías. 
“Estamos haciendo un análisis de cada expediente y haciendo visitas a las canteras para verificar los datos”, dice.

Espera que para finales de año empiecen a operar. Además, se dispusieron coordinaciones con la dirección financiera, para cobrar los valores correspondientes. Esperan hacerlo las próximas semanas.

En el caso de San Antonio, los dueños de las minas están haciendo los pagos en las arcas municipales, ya que el control que ejerce el GAD así lo exige.

La parroquia pide al Municipio que devuelva el 30% de esas regalías
, lo que según Troya alcanzaría USD 600 000, dinero que no se devolvería en efectivo sino en obras. Lo más urgente para la zona, dice Troya, es la inversión en vialidad.

El 40% de las calles de la zona necesitan ser adoquinadas o pavimentadas.

Lo que sería clave para apoyar al eje turístico en el sector. Allá apunta la inversión que se ha hecho.

Mientras el presupuesto anual de la parroquia es de USD 1,4 millones, en los últimos cinco años se invirtieron unos 236 millones para dar cuerpo a siete grandes obras: la construcción de la Unasur, la extensión de la Simón Bolívar, el bulevar Equinoccial, el parque Unasur y el asfaltado de la Córdova Galarza, entre otras.

En los últimos años el polvo, verdugo silencioso de la zona, perdió fuerza. La disminución de contaminación ambiental en cuanto a material particulado alcanza el 40%.

La Red de monitoreo de la Secretaría del Ambiente da cuenta de que los últimos dos años, el nivel de partículas en el aire de la parroquia es de 98 microgramos de material por cada m³ de aire, que está dentro de la norma, que es de 100.

Una de las maneras para mantener control en la actividad de la explotación pétrea, por parte del GAD, fue la colocación de dos estaciones en las vías de acceso a las canteras.

Estas contabilizan y cobran entre USD 1 y 1,50 a las volquetas que salen con material.

Con eso se logra recolectar más de USD 1 200, dinero que es depositado en las cuentas del Tesoro Nacional del Estado, donde es auditado por Contraloría y luego devuelto a la zona en obras.

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