Cientos de vendedores informales se ubicaron ayer en la calle Rocafuerte, en el Centro Histórico de la capital. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO
El aumento de casos positivos en la capital y un sistema de salud que trabaja a su máxima capacidad hicieron que el alcalde de Quito Jorge Yunda anunciara un incremento en los controles en la urbe, en especial en La Ecuatoriana, el Centro Histórico y Chilibulo.
Sin embargo ayer 30 de junio del 2020, en esas zonas se observó caos y desorden. En La Ecuatoriana, las ventas ambulantes llenaban las veredas y las personas debían bajarse a la calle para cruzar. En Chilibulo, la gente no respetaba el distanciamiento y algunos vecinos no usaban mascarillas. En El Panecillo, los moradores se quejaron de las reuniones sociales y del consumo de licor. En las tres zonas, los líderes barriales pidieron ayuda a la autoridad.
César Díaz, secretario de Seguridad de Municipio, asegura que se están redoblando esfuerzos en las áreas conflictivas detectadas y que es clave trabajar en conjunto con las instituciones de Gobierno.
Díaz propone la creación de puestos de mando unificados con las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y el Municipio. Allí se pondría a disposición el personal para actuar de inmediato en caso de aglomeraciones, y así frenar el aumento de contagiados. Hasta ayer 30 de junio, en Quito se registraron 6 571 casos y 464 fallecidos.
Aclara que se trata de puestos similares a los que se levantaron a mediados de marzo en las vías de acceso a Quito para el control de la pandemia.
Díaz dice que ha solicitado una cita con el viceministro de Gobierno y con el comandante de la Primera División del Ejército para analizar la creación de estos puestos.
Según el comandante de Policía de Quito, Fausto Salinas, aún no tienen una disposición para fortalecer los puntos críticos en la urbe. Están esperando órdenes del Comité de Operaciones de Emergencia.
Como parte del aumento del control, la madrugada de ayer 30 de junio, entidades municipales y la Policía Nacional realizaron operativos en San Roque y El Tejar, en el Centro Histórico.
52 efectivos verificaron el cumplimiento del toque de queda, medidas de bioseguridad y documentación. Díaz indicó que se encontraron vehículos mal estacionados, personas movilizándose pese a la restricción y mala utilización de salvoconductos.
En La Marín funciona el sistema de alerta del ECU 911. Se advierte el riesgo con perifoneo. Foto: EL COMERCIO
La Agencia Metropolitana de Control emitió seis actos de inicio por no utilizar mascarilla y dos por no contar con la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE).
La AMT multó a 12 vehículos por estar mal estacionados y a dos más por detenerse o estacionarse en zonas peligrosas. Y 24 personas fueron sancionadas por movilizarse durante el toque de queda.
A pesar del riesgo que implica el irrespeto de los dos metros de distancia entre las personas, en Quito hay al menos 16 lugares donde se forman aglomeraciones continuamente.
El ECU 911 ha georreferenciado que las zonas más conflictivas están en el sur, particularmente en Guamaní, Turubamba y La Ecuatoriana. El Centro Histórico es otro de los puntos donde la gente no respeta las distancias, mientras en el norte, la mayoría de aglomeraciones han ocurrido en Calderón.
Juan Zapata, director del ECU 911, dice que de las 35 000 aglomeraciones que la entidad ha registrado en el país desde que empezó la pandemia, 7 112 han ocurrido en Quito.
El sistema Distancias busca aprovechar la infraestructura de videovigilancia disponible en el país (5 200 cámaras) para combinarla con un sistema de inteligencia artificial y evitar la propagación del covid-19.
Así, cuando las cámaras detecten que en un sector las personas no respetan la distancia el sistema emite una alerta, y por perifoneo, se advierte a la población sobre el riesgo y les pide que se separen.
El sistema fue lanzado el 25 de junio pasado y empezó a funcionar en una primera fase en Quito y Rumiñahui.
Zapata explica que en Quito operan con las 200 cámaras de videovigilancia (en el Distrito hay en total 1 000) que están ubicadas en esos puntos conflictivos. De ellas, solo el 10% tiene megafonía IP, en los otros casos se trabaja en conjunto con la Secretaría de Seguridad. Tras recibir la alerta, la entidad municipal enviará un grupo de agentes para disuadir a la población.
Esta dependencia municipal cuenta con 1 360 agentes del Cuerpo Metropolitano de Control que es el que hace operativos en el espacio público.
Cuando se recibe la alerta de una aglomeración se despacha a un grupo de entre 30 o 40 agentes. Al llegar, lo primero que hacen es controlar el uso de mascarilla y, disuasivamente, alertar sobre la importancia de mantener la distancia.
El problema es que no existe una normativa legal que permita al agente metropolitano exigir el cumplimiento de esa disposición. Es decir, el agente llega al punto, y le exhorta a la persona a que cuide su salud y mantenga la distancia de dos metros, pero no puede obligarla a hacerlo, ni sancionarla si no lo hace ya que el distanciamiento no está regulado.
¿Cómo se va a garantizar que se cumpla la distancia? “Apelando a la conciencia de la gente, y a su corresponsabilidad. Ese es un tema preventivo”, señala Zapata.