Durante las protestas del año pasado, la esquina de las calles García Moreno y Mejía se blindó. Foto: Archivo / EL COMERCIO
Las paredes fueron grafiteadas, los sumideros levantados, los postes y luminarias destruidos y las piedras patrimoniales arrancadas de su lugar. El Centro Histórico de Quito quedó devastado luego de las manifestaciones violentas de octubre del año pasado.
Reconstruir el Casco Colonial le costó a la ciudad cerca de medio millón de dólares. Raúl Codena, director del Instituto Metropolitano de Patrimonio, recuerda que tardaron casi un mes en rehabilitarlo.
Codena cuenta que las cuadrillas de trabajadores salían a medianoche a limpiar las paredes y a recolectar las piedras patrimoniales que fueron usadas como proyectiles, especialmente en las calles García Moreno y Benalcázar.
Los daños empezaron en el sector de San Blas, siguieron por la Guayaquil y la Venezuela. Incluso la mampostería de los conventos se vio afectada.
El trabajo de reconstrucción fue hasta la primera semana de noviembre. Poco a poco se comenzaron a reactivar el turismo y actividades económicas.
Codena señala que aparte del daño físico que sufrió la ciudad por las protestas, la afectación a la actividad turística fue mayor. Asegura que las pérdidas superaron los USD 2 millones y que Quito no ha podido superar esa crisis, tomando en cuenta que unos meses después se inició la pandemia, con lo que nuevamente el sector turístico se paralizó.
Luego de las enérgicas protestas, la restricción en la zona se agudizó. Ahora la sede del Gobierno esta más controlada. La colocación de vallas y rollos de alambre con púas, conocidos como concertinas, en los alrededores de la Plaza Grande tomó fuerza y se mantiene hasta el momento todos los días, las 24 horas.
Jofre Echeverría, del buró del Centro Histórico, indica que el cerco incide directamente en las actividades de los moradores y de los locales comerciales del sector. Las concertinas tienen cuchillas y solo dejan 120 cm para que las personas circulen por la calle García Moreno y Mejía.
Según Echeverría, cuando se alertan posibles marchas, el cerco se refuerza y se coloca doble fila de vallas. Y terminada la protesta, no se las retira.
En varias ocasiones, la comunidad ha pedido que los cercos se quiten. Se ha buscado llegar a consensos, sin resultados positivos.
En las protestas de octubre, como la capital se volvió un espacio simbólico de disputa con los grupos indígenas y manifestantes intentado llegar a Carondelet, la sede de Gobierno debió ser trasladada a Guayaquil.
Con el Decreto Ejecutivo 888, que se emitió el 8 de octubre, se dispuso el traslado durante el periodo de vigencia del estado de excepción
Codena asegura que, justamente, esos destrozos al patrimonio del Centro es el precio que la ciudad debe pagar por tener allí al Palacio de Carondelet.
Insiste en que se debe debatir la posibilidad de trasladar definitivamente la administración del Gobierno Central a otro lugar y, para no perder la historicidad del edificio, se podría volver un espacio para eventos protocolarios, como investiduras de ministros o de embajadores.
En octubre, a pesar de que las agresiones se vivieron sobre todo en el Centro Histórico, toda la ciudad se vio afectada. Incluso las paradas del Metro de El Ejido, la Alameda y San Francisco fueron invadidas y las personas se llevaron materiales de construcción para usarlos como armas.
Las calles y los locales comerciales e incluso los mercados se cerraron. No hubo transporte público. Las personas se tomaron las vías y plazas principales, e impidieron el paso de buses.
Unidades apedreadas y amenazas a conductores hicieron que las cooperativas decidieran guardar las unidades y no trabajar. Jorge Yánez, presidente de la Unión de Operadoras de Transporte Urbano de Quito, dijo que unos 35 buses fueron afectados o terminaron con sus ventanas rotas. La gente debió movilizarse en camionetas, motos, bicis o a pie.
El sistema municipal de transporte fue el único que no cortó el servicio. El Trolebús suspendió su paso solo por el Centro y zonas conflictivas.
La Empresa de Pasajeros informó que puso en práctica cambios de rutas, recortes de circuitos y redistribución de flota, con el fin de mantener el servicio pese a las circunstancias. Es la estrategia que se usa durante las emergencias.