Un incendio en Puembo se inició el domingo 6 de septiembre de 2015, fue controlado en más de 68 horas. Tres bomberos fallecieron por este siniestro. Foto: Eduardo Terán/EL COMERCIO.
A un mes y 16 días de la muerte de dos cadetes de Bomberos, en el incendio forestal de Puembo, Henry Dionisio, padre de Jonathan, uno de los fallecidos, pide que sigan las investigaciones. Quiere que haya justicia y que se sancione a los responsables.
Él señala la necesidad de imponer sanciones más fuertes porque en este tipo de incidentes están en peligro vidas humanas. Una opinión similar tiene Cristina Saravia, esposa de Marco Bastidas, cabo de Bomberos, que murió cuatro días después, como secuela del mismo incendio de Puembo.
Ella espera que su caso no se vuelva a repetir. Según Bomberos, de los 52 incendios más grandes que hubo en el Distrito Metropolitano, desde junio hasta inicios de octubre, 24 de estos fueron intencionales.
En total, policías y la comunidad capturaron a 18 personas sospechosas de empezar incendios en el Distrito, 10 fueron juzgados; de estos 6 a prisión y cuatro a trabajos comunitarios. En el fuego de Puembo no hubo detenidos. Las investigaciones indicaron que el fuego empezó por quema de basura.
La tarde de ayer (22 de octubre) se cumplió la audiencia contra tres personas detenidas en el sector de El Teleférico. Fueron condenados a ocho meses de prisión y al pago de cuatro salarios básicos (USD 1 416). En la mañana, se suspendió una audiencia en contra de otro implicado en un incendio, en Chilibulo.
Esta sentencia es la segunda que se consigue en contra de tres mayores de edad. Anteriormente, se sentenció a tres personas por el delito tipificado en el artículo 246 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Ellas fueron capturadas el 16 de septiembre, en El Teleférico.
El penalista y excandidato a alcalde, Milton Castillo, dijo que es necesario analizar la proporcionalidad con la que se juzgó a los implicados. Hay personas que argumentaron que quemaron basura, restos agrícolas o cables para reciclar alambre. Por otro lado, está la inimputabilidad que tienen los adolescentes infractores. Cuatro menores acusados de prender fuego en el cerro El Auqui deben cumplir medidas socioeducativas como realizar tareas de reforestación.
El COIP establece penas privativas de libertad de hasta 16 años en caso de que haya muertos. Si los incendios se inician por quemas agrícolas o domésticas, la pena llega a seis meses.
El panorama legal también debe tener en cuenta a personas con problemas psicológicos. A uno de los detenidos en el sector de San Carlos se le ordenó realizarse una valoración médica para conocer si se trataba de un pirómano. El psiquiatra Miguel Cardoso dijo que este es un trastorno de personalidad grave, por el cual una persona busca generar dolor y sufrimiento. Como este impulso no puede ser controlado, se requiere de ayuda profesional.
Los estragos por las llamas son, en algunos casos, permanentes. Hoy, los familiares de los bomberos afectados por los incendios y el alcalde Mauricio Rodas tienen un desayuno de trabajo. El objetivo es informales sobre las acciones que se han realizado en su beneficio.