Mónica Tapia se mudó con su familia al lugar en donde funcionaba su preescolar. Cortesía / Mónica Tapia
En este tramo del año escolar, en los planteles particulares, directivos y profesores solían alistarse para despedir el ciclo con una celebración. La pandemia cambió todo. El ambiente ahora no es festivo. Los centros preescolares son los más afectados, pero en todos se buscan alternativas para capear la falta de pago de pensiones y evitar cerrar.
Mónica Tapia entregó el departamento en donde vivía y se instaló en su centro infantil, en el sur de Quito, junto con su esposo y sus hijos, de 13 y 19. Está cerrado. Por el lugar pagaba un arriendo de USD 370 al mes, le hicieron un descuento, pero ni así puede pagarlo.
En la Cabaña del Tío Tom recibía a 30 niños, que disfrutaban de materiales y mobiliario, que ahora están apilados. Quienes se quedaban medio tiempo -cuenta- pagaban USD 55 y los de tiempo completo, 110. Pero los pagos dejaron de llegar en marzo y de a poco los niños se retiraron.
Tras 13 años de funcionamiento, Tapia no pierde la fe de volver a abrir el centro. Espera una respuesta favorable a una solicitud que -cuenta- enviaron al COE cantonal, dueños de más de 70 centros infantiles.
En esta se pidió autorización para reabrir con todas las medidas de bioseguridad. “Sí hay riesgo de contagio, pero los padres trabajan y no tienen con quién dejar a sus niños”.
Las instituciones más golpeadas -señala Lourdes Hernández, de la Corporación de Centros Infantiles Particulares del Ecuador (Crecipe)- podrían ser las que acogen a niños de tres meses a 5 años. Los padres dejaron de pagar y no accedieron a clases virtuales.
En Pichincha están en trámite las solicitudes de cierre de cinco instituciones educativas y una ya fue aprobada. Es obligatorio notificarlo, ya que según la Ley de Educación Intercultural Bilingüe, los directivos deben implementar un plan de contingencia para que sus alumnos sean acogidos.
“La cartera vencida (pensiones impagas) es alta y esperamos que el Ministerio nos ayude a establecer acuerdos de pago con los padres“, señala Karen Mejía, de la Federación de Colegios y Escuelas Particulares Laicos (Fedepal), con más de 30 planteles de la capital.
También les inquieta no saber cuántos alumnos se matricularán para el siguiente ciclo, que empezará en septiembre. Y no tener certezas sobre la modalidad abierta, de la que habla el Ministerio y la publicidad en relación a lo ‘online’, ya que su oferta es presencial.
En uno de los valles de Quito, una escuela, con más de 40 años, trata de sobrevivir a esta pandemia. Una de sus directivas, que pide la reserva del nombre del plantel, dice que el 50% de padres ha cancelado la pensión de USD 150. Buscan apoyo de padrinos. Algunos de sus niños tienen necesidades educativas especiales y un cierre los dejaría sin opciones.
Los cierres de centros no solo afectan a los estudiantes, también a profesores como Tania Vargas, quien por tres años trabajó como parvularia en un preescolar. Ganaba el sueldo básico; que en abril fue recortado a la mitad (USD 200).
“En mayo fui despedida. Tengo dos hijos de 15 y 4 años”, relata. Por lo que inicialmente vendió verde y camarón, hasta que empezó a trabajar material didáctico en fómix y guías, que algunos papitos han comprado. He pensado grabar CD con canciones. Y tres veces a la semana cuida de una de sus pequeñas exalumnas.
En Sangolquí, el Centro de Desarrollo Infantil Belu cerró. Recibía a 15 niños de uno a cinco años. La pensión promedio era de USD 200, pero los padres no quisieron seguir pagando, cuenta María Belén Campaña, exsocia del centro.
Trabajaron en línea, “pero con los pequeños es complicado, los padres teletrabajan y cuidan de ellos. No podíamos bajarles el sueldo a las profesoras, decidimos liquidar la sociedad, tras siete años”.
A Crecipe están asociados 82 centros. En una encuesta realizada entre sus integrantes identificaron que en abril había cerrado el 30%, en mayo se alcanzó el 45%, en junio 60% y se llegaba al 75% en julio. No saben si solo temporalmente.
