Bus eléctrico articulado que circula en el sistema de transporte del Corredor Occidental Norte desde La Ofelia hasta el Playon de La Marin.
Fotos: Diego Pallero / EL COMERCIO
El convenio firmado entre el Gobierno y el Municipio de Quito para financiar la compra de 300 buses eléctricos abre una puerta para que la ciudad pueda dar un salto hacia la movilidad sostenible.
Aún no se han definido detalles sobre las rutas que los buses cubrirían, qué características deberían poseer, sus costos ni quién las operará, pero, según Fabián Espinoza, director del Centro de Capacitación e Investigación en Control de Emisiones vehiculares, de la Escuela Politécnica Nacional, es urgente que la flota de la ciudad se reemplace por unidades que utilicen energías limpias.
Esa es la principal fortaleza del bus eléctrico: no contamina. Mientras un bus a diésel genera en promedio 192 toneladas métricas de CO2 al año.
Espinoza advierte que los buses que vayan a adquirirse deben estar diseñados para operar en ciudades con geografía compleja como Quito y se deben analizar las rutas.
Por ejemplo, sería ideal que los nuevos buses conecten el Trolebús con Calderón, pero se deberían hacer pruebas para saber si tienen la capacidad de subir por la Panamericana norte. De allí la importancia de realizar ensayos previo a la incorporación de las unidades.
Eso es lo que hizo la empresa operadora del Corredor Central Norte. Desde hace casi dos años, trajo dos buses eléctricos para ver su eficiencia en las vertiginosas cuestas de la capital. El bus articulado y el estándar han recorrido las calles sin novedad. Ney Jiménez, gerente del corredor, dice que las unidades son aptas.
Los primeros meses de pruebas el bus estándar cubrió una de las rutas del Águila Dorada y cargado al límite (90 pasajeros) subió sin problemas las cuestas de Atucucho (norte).
El bus articulado que se está probando en la ruta La Ofelia- La Marín enfrenta tres cuestas importantes en su trayecto: la del desnivel de la Mañosca (que es larga y tiene una pendiente), la de la parada Consejo Provincial (desde la Manuel Larrea hasta Santa Prisca) y la de La Marín (desde el Playón hacia el Mercado Central, sobre el paso elevado). En los dos últimos puntos, el bus suele detenerse por completo en media cuesta debido al tráfico, pero vuelve a arrancar y sube sin problemas.
Bus eléctrico circula por la avenida Pichincha desde la parada Marín Central, en Quito, en dirección centro – norte hacia el sector del Mercado Central.
Julia Mena, coordinadora de Mantenimiento y operaciones del corredor, indica que las dos unidades se manejan con motores pequeños y de alta potencia que no requieren mayor mantenimiento y que recorren las cuestas con solvencia.
El principal inconveniente que enfrentan, según Espinoza, tiene que ver con la falta de normativas en el país y en la ciudad. No hay regulación para medir la eficiencia energética de buses. No hay reglamentación para la disposición final de baterías, ni para el desecho de los motores, por lo que el mayor peligro de emigrar al transporte eléctrico, según el experto, es que Quito se vuelva un basurero electrónico.
Más aún cuando en el último año se ha registrado un aumento en la venta de bicicletas, motos, escúteres eléctricos y porque, según la Ley de Eficiencia Energética, a partir del 2025, los buses que se incorporen al sistema de transporte público deben ser eléctricos.
Las diferencias entre un bus eléctrico y uno a diésel son abismales (ver gráfico). Además de no contaminar y no generar ruido, evitan los jalones del arranque, no sacuden al pasajero y son de cama baja, es decir, la gente debe subir un escalón de 17 cm desde el suelo para abordar, no de 30 como ocurre hoy.
Otra ventaja es el ahorro. Según Jiménez, solo en cambio de aceite y bujías, se economiza USD 6 000 al año en cada bus. Además, los eléctricos no necesitarían el subsidio del combustible. Es decir, el Gobierno en 10 años se ahorraría USD 120 000 que entrega a cada bus. Tomando en cuenta todos los gastos, en 10 años, un bus eléctrico ahorra cerca de USD 200 000, lo que compensa el monto de la inversión. Un articulado eléctrico cuesta en promedio USD 600 000, mientras uno a diésel 360 000.
Jiménez coincide en que, antes de dar el salto a la movilidad eléctrica, el Municipio necesita generar la legislación que no existe para homologar los buses y crear la normativa jurídica y técnica. Además, colocar la infraestructura eléctrica para hacer las recargas y trabajar en la colocación de electrolineras.
Un bus eléctrico se demora en cargarse dos horas y tiene una autonomía de 260 km. Un bus en Quito recorre entre 230 y 250 km. Al bus eléctrico se le carga con USD 40 de energía eléctrica: al bus a diésel (subsidiado) con USD 60.
El operador del corredor está interesado en comprar 60 buses eléctricos que deben ser reemplazados de su flota porque tienen 15 años, su operación resulta costosa y se dañan. “Le hemos pedido al Municipio que genere la estructura eléctrica. Estamos listos para comprarlos pero necesitamos su autorización. Esperamos una respuesta”, dice Jiménez.
Jorge Yánez, presidente de la Unión de Operadoras del Transporte Urbano de Pichincha, indica que su gremio están tramitando la compra de 70 unidades eléctricas, y que esta semana le presentarán una propuesta al Alcalde. Les preocupa también la falta de legislación y de infraestructura.
El Municipio anunció que al menos 10 empresas confirmaron su asistencia a una reunión este 17 de diciembre para analizar la posibilidad de que inviertan en la implementación de un modelo de electromovilidad. Según Guillermo Abad, secretario de Movilidad, se trata de operadoras de transporte, fabricantes de buses e inversores que están interesados en prestar sus servicios en Quito.