50 000 personas, afectadas por altos montos de patente en Quito

Martha Aguaguiña es una de las afectadas en los cobros. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

Martha Aguaguiña es una de las afectadas en los cobros. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

En la Administración Manuela Sáenz se abrieron tres ventanillas para atender a los afectados por los altos rubros. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

El Municipio de Quito tiene en sus registros a unas 50 000 personas morosas, por no haber pagado valores pendientes relacionados con sus patentes.

Según Pablo Dávalos, asesor del alcalde Jorge Yunda, están en juego USD 5 millones que suman valores no cobrados en su momento, sobre los que pesan intereses y recargos.

La situación ha causado sorpresa e indignación en la ciudadanía. Los casos se propagan y afectan a personas que tienen RUC, entre ellas profesionales, dueños de bienes inmuebles o locales, entre otras.

Gloria Imbaquingo, por ejemplo, es guía de turismo y se siente perjudicada por el Municipio. Ella tiene RUC desde el 2008 y señala que por concepto de la patente de alquiler de bienes raíces, cada año ha cancelado un aproximado de USD 22. Sin embargo, el martes 4 de junio se llevó una sorpresa cuando acudió a pagar la patente del 2019. En el banco le indicaron que su deuda alcanza los USD 1 507.

Martha Aguaguiña es una de las afectadas en los cobros. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO


“Acudí al Municipio pero ahí nadie da una explicación, solo sé que han realizado un reajuste desde el 2015 y ahora nos quieren cobrar eso, más una multa altísima. Lo que molesta es que fue la propia institución la que se equivocó y nunca nos informaron a los contribuyentes”, señala. Le preocupa que si no paga los intereses, crezcan.

A Jaime, un profesor de idiomas, la patente de prestación de servicios le costaba USD 20 al año, pero ahora está en USD 400.

El jueves 6 de junio, decenas de usuarios afectados se acercaron a la Dirección Tributaria de la Alcaldía para realizar un reclamo. Dos adultos mayores explicaron que pagaron el valor de la patente del 2019 en febrero, pero al ingresar al sistema del Municipio encuentran una deuda con el Cabildo que corresponde a años anteriores.

Este viernes 7 de junio del 2019, Elizabeth Carvajal acudió con su hija, Sara Oviedo, al balcón de servicios de la Administración Manuela Sáenz, en el Centro Histórico, para preguntar por qué hay un cobro excesivo de la patente.

Aseguran que les incrementaron a USD 236 con intereses desde el 2015. “Les dije que era injusto, porque no tenemos la culpa. Nos indicaron que el Alcalde va a arreglar, que va a dar la resolución... si es que nos cobran todo o solamente el valor por pagar”, manifestó Oviedo.

Allí también estaba María Montalvo, quien tiene un local en un centro comercial de la zona. Aunque ha pagado la patente cada año, también le aparece la deuda del 2015. Molesta, dijo que debe USD 82 por mora. “No es mi culpa, cada año pago para sacar el permiso de funcionamiento y dicen que no he pagado”.

Dávalos dijo que es un problema heredado de la administración anterior, que tuvo inconvenientes en el sistema operativo. El error se detectó al constatar los datos con lo establecido en leyes, ordenanzas y resoluciones. Las discrepancias que surgieron datan del 2015 pero recién se está ejecutando a partir de marzo, dijo.

“Se castiga al ciudadano con multas y retrasos con los que no tiene nada que ver”, señaló Dávalos, e informó que por este problema, se dispuso que personal que trabajaba en la Dirección Tributaria fuera retirado de su cargo y se están revisando carpetas para designar al nuevo personal.

La administración en funciones buscó asesoría tributaria “para proteger al usuario y si ya pagó, vamos a establecer una estrategia de devolución”, que se presentará el lunes 10 de junio.

Carlos Calero, experto en temas tributarios, afirma que el problema es que se emitieron títulos de crédito sin que antes se hubiesen hecho liquidaciones de pago. Tampoco notificó a los contribuyentes, “contradiciendo lo que dice el Código Tributario”.

La patente, según el Cootad, solo debería aplicarse a actividades comerciales y financieras, dice Calero, pero por una interpretación, en varias ciudades se han emitido resoluciones que gravan también a cualquier persona que tenga RUC. Pero cree que si no hace uso de suelo, está inactivo o no ha facturado, no debería pagar.

El Municipio revisará si hay problemas en otras áreas y, según Dávalos, se buscará una solución para la patente a través del Estatuto Autonómico.

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