El nuevo aeropuerto de Quito está operativo desde febrero del 2013. Entre los problemas detectados se destaca la falta del Manual de Operaciones. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.
Apenas despegó, el nuevo aeropuerto de Quito enfrentó turbulencias. Eso se evidencia en el informe final DAPyA-0006-2016 de la Contraloría, que establece irregularidades en la aplicación del contrato de concesión, el cumplimiento de la alianza estratégica y la operación y mantenimiento del aeropuerto.
El informe examinó el período agosto del 2010 a febrero del 2015, es decir, cinco años de la administración del exalcalde Augusto Barrera y nueve meses de la de Mauricio Rodas. La entidad detectó que el Municipio no realizó controles oportunos al contrato y efectuó pagos en exceso, por lo que fijó una glosa de USD 138,8 millones al concesionario Quiport.
Quiport reportó USD 41,4 millones como gastos y costos relacionados con la operación y mantenimiento del aeropuerto, entre el 2009 y el 2011. Esas transacciones, según la Contraloría, no habrían sido verificadas por las autoridades municipales. Así, se firmó el Acta de Conciliación, aceptando los resultados del informe del concesionario sin la debida contrastación.
La Empresa Publica Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales (Epmsa) también falló en los controles financieros de los acuerdos, según los auditores. El Cabildo aportó al proyecto 256 millones, esto representa
76 millones en exceso al monto acordado en la renegociación. La razón: el Municipio solo debía realizar aportes hasta el 2010, pero continuó haciendo pagos hasta el 2013, lo cual no contempla el contrato.
Epmsa tampoco controló los costos y gastos reportados por el concesionario por la operación y mantenimiento del nuevo aeropuerto, que opera desde febrero del 2013. En este caso se estableció que 57, 3 millones, pagados por el Cabildo,
no se justificaron.
El alcalde Mauricio Rodas sostuvo que desde que fue notificado con el informe dispuso el cumplimiento de todas las recomendaciones, pero que en general las irregularidades detectadas se refieren a hechos ocurridos desde el 2010, en la anterior administración.
Augusto Barrera dijo que no ha sido notificado con el examen. Sin embargo, sostuvo que la renegociación del aeropuerto fue “un proceso absolutamente claro, transparente y beneficioso para la ciudad. No solo permitió continuar, concluir, inaugurar y ampliar el aeropuerto, sino que representó un extraordinario salto para los ingresos de la Municipalidad derivados del proyecto, recuperando la capacidad de control de la autoridad, haciendo valer los aportes de la ciudad en él y localizando los riesgos donde debían estar siempre: en el concesionario”.
Según Barrera, un elemento fundamental de la renegociación es precisamente establecer las condiciones de control de los recursos generados en la operación, con la participación de los organismos de control, incluyendo la conciliación de los recursos empleados en el antiguo aeropuerto.
Rodas resaltó que en su Alcaldía debió solucionar una serie de problemas heredados de la anterior administración. Gracias a esa gestión -agregó- y a las gestiones con Quiport en el 2015 se inauguró la nueva terminal (que debió estar lista el 2013) y se redujeron las tarifas de los parqueaderos y los costos de los alimentos.
Una de las recomendaciones de Contraloría está dirigida al Concejo Metropolitano. El ente fue notificado con el examen el 23 de noviembre pasado y el próximo jueves deberá pronunciarse sobre la factibilidad de que el Alcalde renegocie con Quiport el contrato, sobre todo, en relación con la calidad del servicio y el régimen de multas vigentes. “Si el Concejo lo aprueba iniciaré formalmente la renegociación”, sostuvo Rodas.
Un servicio deficiente en perjuicio de los usuarios
Otro de los problemas detectados por la Contraloría es la falta de monitoreo del servicio que presta el concesionario en el aeropuerto. Quiport no cumplió con el nivel de servicio ‘B’ de IATA en el aeropuerto, entre junio y diciembre de 2014. Prestó un servicio inferior al estipulado contractualmente, en perjuicio de todos los usuarios.
Quiport, a través de su vocero Luis Galárraga, aclaró que no ha sido notificado con ninguna glosa. Además, todos los temas mencionados en el informe han sido explicados a la Contraloría, con base en los contratos suscritos para la concesión y avalados por el Gobierno. “Nuestro trabajo fue, es y será construir, administrar y operar el mejor aeropuerto del Ecuador y estamos a las órdenes para demostrar que se ha cumplido a cabalidad con todas nuestras obligaciones contractuales”.
Agregó que la empresa ha contestado los temas planteados por Contraloría sobre la base de informes independientes. Y ha entregado toda la documentación necesaria en los últimos meses, “cuya revisión va a requerir tiempo”.
Hasta el 2015, cuando se cerró el informe de Contraloría, el aeropuerto no contaba con el Manual de Operación y Mantenimiento aprobado. “No se ha elaborado un documento que detalle objetivos de calidad, planes y plazos para la operación y mantenimiento del aeropuerto”.
El concesionario tampoco actualizó el Plan Maestro 2010-2015, que se presentó extemporáneamente. Eso no fue informado al Directorio de Epmsa ni al Alcalde ni al Concejo. Tampoco se exigió al concesionario el cumplimiento de las observaciones a la actualización de ese Plan y la presentación oportuna de la actualización 2015-2020.
Por tal motivo, ni Quiport ni Epmsa tuvieron herramientas técnicas que les hubiesen permitido tomar las acciones para exigir que el diseño de la terminal cuente con la capacidad suficiente para abarcar el real volumen anual de pasajeros. Pese a que para el 2010 el Plan Maestro había previsto que la capacidad anual sería de 3,6 millones de pasajeros, ese año se atendió a 5 046 911 viajeros, es decir 1,4 veces más de lo proyectado.
Sobre la falta del Plan Maestro, Rodas aclaró que está aprobado y en plena ejecución, mientras que el Manual de Operaciones aún debe recoger varias observaciones.