Redacción Negocios
En las oficinas de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), en Quito, solo quedan los guardias de seguridad. Desde el pasado 31 de diciembre, cuando dejó de existir la entidad, los funcionarios abandonaron sus lugares de trabajo.
“No hay nadie ya. Y no sabemos adónde fueron”, señaló la guardia de las oficinas de banca en liquidación, en el segundo piso del edificio ubicado en la av. República de El Salvador y Portugal.
En el interior, solo un funcionario -reacio a dar declaración alguna- apilaba, junto con otros dos obreros, algunas cajas de papeles.
Igualmente, en las oficinas de la av. Amazonas y Arízaga, los letreros exteriores no existen y el ingreso a las instalaciones está prohibido. “El 30 se fueron todos”, aseguró la recepcionista del edificio donde funcionan otras firmas.
Desde que el último sábado del año el presidente Rafael Correa decidiera cerrar las puerta de la AGD, todo pasó rápidamente. Incluso para la superintendenta de Bancos, Gloria Sabando, que al final del año logró liquidar 28 de las 33 instituciones financieras que debían cerrarse.
Por tanto, quedó en ‘stand by’, entre otras, la liquidación del Filanbanco, Progreso y de la Mutualista Benalcázar. Gastón Bolaños, presidente de la Veeduría que sigue el proceso de cierre de estos bancos, explicó que la complejidad de las operaciones del Filanbanco y del Progreso impidió que este plazo se cumpla. Ambas entidades concentran el 80% del volumen de operaciones de los bancos en liquidación. Solo el Progreso tiene 142 juicios por quiebra e insolvencia, por USD 255,6 millones. En tanto, Filanbanco lleva 69 juicios por 107 millones, según la Superintendencia.
Desde que estalló la crisis financiera, la AGD, creada en diciembre de 1998, ha tratado de ser un agente de recuperación del dinero que perdieron miles de ciudadanos en los bancos quebrados. Hasta hoy son cientos de personas que aún no recuperan su dinero. El Ministerio de Finanzas ahora tiene la palabra.