El pleno de la Asambla trató este 12 de mayo del 2020 el segundo y definitivo debate del proyecto de Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.
A partir de las 17:00 de este 12 de mayo del 2020 el Pleno de la Asamblea empezó la sesión para tratar el segundo y definitivo debate del proyecto de Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas. Esta es una de las dos iniciativas económicas urgentes impulsadas por el presidente Lenín Moreno.
El texto fue tramitado por la Comisión de Régimen Económico, que aprobó con 8 votos a favor y cinco en contra el informe para segundo debate, el pasado 8 de mayo.
La discusión en el Pleno tiene como antecedente el rechazo del Partido Social Cristiano (PSC), SUMA y de la Revolución Ciudadana (RC). Líderes e integrantes de estas bancadas anticiparon que no apoyarán la ley. El rechazo al proyecto se argumenta en posibles inconstitucionalidades.
Jaime Nebot, por ejemplo, manifestó en una entrevista televisiva que su partido votará en contra de este proyecto y de la Ley de Apoyo Humanitario. “Todo esto es un ataque a la institucionalidad, un ataque a la prosperidad, un ataque a la gente que debe ser ayudada”, dijo Nebot al referirse a las dos propuestas del Ejecutivo.
Lira Villava (RC), integrante de la Comisión, fue una de las que votó en contra del informe final. En su intervención expresó que el documento recoge la mayor cantidad de observaciones planteadas por quienes han estado de acuerdo con la ley, mientras que se excluyen las opiniones y recomendaciones de los asambleístas que se oponen. “No me siento representada por este informe”, dijo.
Entre las principales novedades del informe que se debate está:
1. Cómo queda la autonomía del IESS
En el informe para segundo debate se eliminó el artículo 2, el cual incluía dentro del Sector Público No Financiero (SPNF) a las entidades de la seguridad social.
A lo largo del análisis en el Comisión, los representantes del IESS, ISSFA e ISSPOL expresaron su preocupación por la intención del Ejecutivo, ya que vulneraría la autonomía administrativa y financiera de estas instituciones.
Además de eliminar este artículo, la mesa legislativa añadió que “estas entidades son de carácter autónomo, no forman parte del Presupuesto General del Estado y sus fondos son propios, distintos de los del Estado”.
Con esto también se eliminó cualquier riesgo a la independencia de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), del Banco Central del Ecuador (BCE), y del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS).
2. Cómo queda el manejo de la inversión pública
El informe explica que se eliminaron los programas de preinversión y se incorporó la necesidad de emisión de un informe técnico de rentabilidad económica y social. La programación de la inversión pública está sujeta al Plan Nacional de Desarrollo.
3. Cómo queda el límite para pago de anticipos
Se eliminó la atribución de que el Ministerio de Finanzas pueda fijar límites máximos para la entrega de anticipos para contratación pública.
4. Techo de ajuste de gasto se reduce
Con respecto a la fijación de techos presupuestarios, Finanzas los podrá determinar únicamente para las entidades sujetas al Presupuesto General del Estado (PGE).
La Comisión de Régimen Económico mantuvo la propuesta inicial de reducir el margen de ampliación PGE, una vez que sea aprobado por la Asamblea. Actualmente, está permitido que el presupuesto fiscal aumente hasta el 15%, pero ahora se plantea que no pase del 5%.
5. Se crea fondo de ahorro
Así mismo, sigue en marcha la iniciativa de crear un fondo de estabilización fiscal, el cual estará compuesto por los recursos excedentes de la explotación y comercialización de recursos naturales no renovables.
Al respecto, el Ministerio de Energía y la Procuraduría General del Estado trabajarán en conjunto para garantizar un ingreso mínimo por la comercialización de petróleo, con el fin de enfrentar la volatilidad de su precio y reducir los efectos presupuestarios. Esta competencia también se aplicará en recursos mineros.
También se mantiene la asignación para enfrentar riesgos fiscales, la cual será de hasta el 3% de todo el gasto del PGE, siempre que no se afecte a los sectores prioritarios. Los recursos no contemplarán fondos pertenecientes a los GAD o a la Seguridad Social.
En cuanto a los riesgos fiscales, la Comisión dejó la propuesta original de fijar una política de prevención, mitigación y gestión que tendrá cobertura en el sector público no financiero. Esto también deberá ser aplicado por los gobiernos seccionales, entidades de la seguridad social, la banca pública y empresas públicas.
6. Se crea un comité de coordinación fiscal
Otro de los cambios destacados del informe para segundo debate tiene que ver con el Comité de Coordinación Fiscal, responsable de determinar las metas fiscales.
El Ejecutivo planteó que el Comité esté formado por 7 integrantes, pero la Comisión definió que sean 11 representantes: del Presidente de la República, de Planifica Ecuador, del Banco Central, de los municipios, de las parroquias, de las entidades de seguridad social, de las empresas públicas y de la Asamblea Nacional.
Para que el proyecto de Ley de Ordenamiento de Finanzas Públicas sea aprobado por el Pleno se requieren de 70 votos. El Pleno suspendió la sesión una vez se terminó la lectura del informe y de que el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, fuera recibido. Se prevé que el debate se retome el 13 de mayo.