6 de enero de 2019 00:00

Pugna por iniciativas contra la corrupción

Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia, acudió el viernes a la Fiscalía con una denuncia. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia, acudió el viernes a la Fiscalía con una denuncia. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

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Roger Velez
Redactor (I)
política@elcomercio.com

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Las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) abrieron la puerta para que los asambleístas insistan en parte del contenido de la Ley Orgánica de Lucha Contra la Corrupción, que el Ejecutivo vetó por completo el 12 de septiembre pasado.

Las bancadas legislativas se muestran a favor de incluir en el COIP figuras como el comiso sin condena, comiso contra terceros y comiso ampliado.

Estas formaban parte de la Ley que fue vetada en su totalidad “por razones técnicas y jurídicas”, según dijo en su momento la secretaria Jurídica, Johana Pesántez, y que no podrá ser tratada nuevamente en la Legislatura por un año.

El criterio de legisladores como Henry Cucalón (PSC) es que esas figuras serán efectivas para retirar los bienes mal habidos, relacionados con la corrupción, que en muchas ocasiones no se pueden recuperar al estar a nombre de testaferros o porque la persona procesada evita comparecer al proceso penal y así no recibir una sentencia condenatoria.

Además de las reformas al COIP, cuyo primer debate arrancó el jueves anterior en el Pleno, en la Asamblea se tramitan otras dos iniciativas: el proyecto de Ley Orgánica de Recuperación de Capitales que es impulsado por la presidenta Elizabeth Cabezas y la Ley Orgánica Anticorrupción y Protección del Denunciante, del Ejecutivo.

En el caso de la propuesta de Cabezas, que se analiza desde mediados del año pasado, el primer debate en el Pleno arrancó el 15 de noviembre anterior; desde entonces no ha vuelto a ser tratada.

Esta apunta a articular esfuerzos de participación ciudadana para identificar en dónde está o quiénes se han beneficiado de recursos públicos de manera ilícita, con el objetivo de recuperarlos.

En el caso de la propuesta del Ejecutivo, en cambio, aún no hay un informe de la Comisión de Justicia, a pesar de que fue remitida el 13 de septiembre anterior; ese mismo día el Gobierno entregó su veto total a la norma, que fue una iniciativa legislativa y que había sido aprobada con 107 votos.

El tema volvió a la palestra esta semana, a raíz de que el presidente Lenín Moreno divulgara el resultado de una auditoría realizada por la ONU a cinco proyectos estratégicos del anterior Gobierno, en los que se determinó un sobreprecio de USD 2 450 millones.

“Si esta ley estaría en firme, en este momento, buena parte de esos USD 2 500 millones podrían estar ya en manos del Estado”, afirmó el secretario particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán.

El funcionario exigió que la Asamblea y la presidenta de la Comisión de Justicia, Marcela Aguiñaga (ex AP), encargada de tramitar el documento, rindan explicaciones por la demora que, a su juicio, “es una vergüenza para el país”.

Aguiñaga rechazó la afirmación. La asambleísta correísta aclaró que el documento no está congelado y aseguró que “en los próximos días” será sometido a votación dentro de la mesa legislativa, aunque sostuvo que, en criterio de algunos juristas, “en poco o en nada ayuda” a lo que se promete al país.

Por su parte, a través de un comunicado oficial, la Asamblea matizó que “solo el trabajo articulado del Gobierno, el Estado en su conjunto y la sociedad civil logrará resultados eficientes y estructurales para erradicar la corrupción”.

Un informe de la Corporación Latinobarómetro publicado a finales de 2018 muestra que Ecuador está entre los 10 primeros países de la región, en donde los encuestados consideraron que la corrupción es el problema más importante en su nación (ver infografía).

El viernes pasado, Roldán y el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, acudieron a la Contraloría y a la Fiscalía para entregar el informe proporcionado por la ONU.

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