El Partido Social Cristiano (PSC) planteará la remoción de Carlos Luis Morales, prefecto de Guayas, de su cargo. Foto: Enrique Pesantes/ EL COMERCIO.
El Partido Social Cristiano (PSC) se alista para plantear la remoción de Carlos Luis Morales en el cargo de Prefecto de Guayas. Quince alcaldes guayasenses, de esa tienda política, prevén que máximo hasta el 10 de junio del 2020 se ingrese un documento con ese requerimiento ante la Secretaría del Consejo Provincial.
Dicho documento estará firmado por 15 alcaldes de Guayaquil, Milagro, Durán, Daule, Santa Lucía, Balzar, Colimes, Samborondón, Pedro Carbo, Lomas de Sargentillo, Yaguachi, Jujan, Simón Bolívar, Marcelino Maridueña y Balao.
Edson Alvarado, alcalde de Santa Lucía, recordó este lunes 8 de junio del 2020 que una comisión del PSC le planteó a Morales que renunciara al cargo o que pidiera vacaciones para su defensa. Ante la negativa, los personeros municipales se reunieron y tomaron la resolución.
“En este momento están elaborando el documento un grupo de abogados para no cometer errores legales en ese sentido. El documento debemos presentarlo ante la Secretaría de la Prefectura”.
De acuerdo con Alvarado, se prevé que otros alcaldes, de otras organizaciones políticas, se sumen. Esto luego de que el legislador Héctor Yépez, de Creo, apoyara el inicio de un trámite para la remoción de Morales.
Pero, ¿cuál es el procedimiento de remoción? Los pasos están establecidos en el artículo 336 del Cootad.
El proceso arranca con la presentación de una denuncia a la secretaría del Consejo Provincial. Luego, la Secretaría -en un plazo de dos días- remitirá el documento a una Comisión de Mesa, que la calificará en el término de cinco días.
“Cualquier ciudadano puede presentar una denuncia en contra de las autoridades locales para ocasionar la remoción”, refirió Diego Cevallos, integrante de Gobernanza Local EC.
Cevallos afirmó que dicha Comisión de Mesa no podría estar integrada por Morales, al ser él quien es denunciado. Se debe sumar otro integrante del Consejo Provincial.
El artículo 336 establece que en un término de diez días las partes presentarán las pruebas de cargo y descargo que consideren pertinentes.
Concluida esa etapa, dentro del término de otros cinco días la Comisión de Mesa presentará el informe respectivo y se convocará a sesión extraordinaria del Consejo Provincial y en el término de otros dos días se notificará a las partes.
Finalizada la argumentación de las partes, en la misma sesión, el Consejo adoptará la resolución que corresponda. La remoción se concretará con la aprobación de al menos 22 de los 33 miembros del Consejo.
Si la resolución implica la remoción de la autoridad denunciada, en este caso el prefecto, él podrá en el término de tres días de haber sido notificado con la resolución solicitar se remita lo actuado al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral para que emita su pronunciamiento sobre lo actuado. Ésta revisión será en el término de diez días.
De concretarse la destitución, asumirá la viceprefecta Susana González, por el tiempo que falte completar el periodo que es hasta el 2023.