18 de julio de 2018 12:17

Ley de Transparencia Fiscal busca reformar ocho cuerpos legales

La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, recibió el proyecto de Ley de Transparencia Fiscal, que fue entregado por la directora de la organización Participación Ciudadana. Foto: Cortesía Asamblea

La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, recibió el proyecto de Ley de Transparencia Fiscal, que fue entregado por la directora de la organización Participación Ciudadana. Foto: Cortesía Asamblea

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Diego Puente

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Los legisladores del oficialismo y de la oposición se unieron para presentar el proyecto de Ley de Transparencia Fiscal. La iniciativa busca la transparencia como política de Estado y el uso de recursos públicos.

Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional, recibió, la mañana de este miércoles 18 de julio del 2018, la iniciativa que fue construida por los legisladores que conformaron la Coalición Legislativa por la Transparencia, conformada por miembros de distintas bancadas; con la Corporación Participación Ciudadana y por Cordes.

Ruth Hidalgo, presidenta de Participación Ciudadana, señaló que buscan que el país cumpla con estándares internacionales de transparencia. Por eso se necesitan reformar cerca de 32 artículos de ocho cuerpos legales.

Las leyes que necesitan cambios son la de Transparencia y Acceso a la Información, Contratación Pública, Minería, Hidrocarburos, de la Función Legislativa, de la Contraloría General del Estado. Además, de los códigos orgánicos Monetario y Financiero y de Planificación y Finanzas Públicas.

Cabezas resaltó el trabajo de legisladores que pertenecen a distintas bancadas para llegar a un consenso en este documento. Recordó que existe una iniciativa legal para la recuperación de capitales mal habidos que presentó la semana pasada y que se complementa con la Ley presentada este miércoles.

En una presentación con diapositivas, Napoleón Santamaría, de Participación Ciudadana, señaló que es urgente pedir que se devuelva la autonomía al Banco Central del Ecuador (BCE). Ahí propuso eliminar la Junta de Política de Regulación Monetaria y en su reemplazo reeditar el directorio del Banco Central.

Este directorio estaría integrado por cinco miembros propuestos por el Ejecutivo y designados por la Asamblea que deberían durar seis años en funciones con renovaciones parciales de cada 3 años.

A criterio de Santamaría, el BCE debe presentar el informe de la proforma presupuestaria anual antes de la aprobación y los informes sobre las condiciones financieras que el gobierno opte para el endeudamiento.

En la reforma a la Ley de Contraloría se propone que la Institución, en un plazo de 60 días, luego de una rendición de cuentas que tendrá que hacer el Ministro de Finanzas en la Asamblea, presente un informe sobre la ejecución presupuestaria y delegue, de ser el caso, responsabilidades civiles, administrativas o penales si se encuentran elementos.

Además, se pide restablecer la obligación para que haya informes de la Contraloría y de la Procuraduría para todos los contratos públicos cuyas cuantías superen los USD 500 000.

Por otro lado, con los cambios en las leyes, se busca que todos los contratos de deuda pública y de explotación de recursos sean públicos. “Se prohíbe que se pueda declara como reservada o confidencialidad esta información”, dijo Santamaría.

Cabezas recibió el documento y señaló que empezará de inmediato su tratamiento en el Legislativo. El proyecto deberá ingresar por Secretaría para que luego sea calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

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