23 de September de 2009 00:00

El proyecto petrolero tiene vacíos

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Redacción Negocios
negocios@elcomercio.com

El proyecto de  Ley de Hidrocarburos que hizo público esta semana el Régimen   dejará en el  limbo jurídico a varios contratos de firmas  privadas que operan en el país.
 
El proyecto de Ley se debatirá hasta octubre próximo.

La propuesta plantea    un solo modelo  de contrato para el sector: prestación de servicios. Ello supone  un cambio en el tipo de contrato con el que operan firmas  como  Andes, Perenco, Repsol, Petrobras y  Agip Oil, con quienes el Gobierno anunció una renegociación meses atrás.
 
Hoy estas compañías se quedan con el 64% del crudo que generan como pago de sus costos y el resto (36%)    entregan al Fisco.

Con el contrato de prestación de servicios, el Gobierno  busca que el 100% del crudo vaya al Fisco y, a cambio, este pagará una tasa  por servicios a las petroleras.

Además,  las petroleras pagarán  el  20% sobre sus ingresos brutos, para evitar que las variaciones del  mercado  afecten al Fisco.

Pero la reforma no solo afecta a las cinco petroleras antes mencionadas  sino a nueve  más que  operan en campos marginales (áreas pequeñas); seis que operan por servicios específicos, incluida allí la canadiense Ivanhoe, cuyo contrato se firmó en este Gobierno;  y  dos con alianzas operativas.

“Se entendería que estas también tendrán que cambiar sus contratos”, dice, a título personal, el representante de las petroleras privadas,  José Luis Ziritt.
 
El analista petrolero Iván Heredia considera positivo fijar un  tipo  de contrato  frente a una enorme variedad de modelos que hoy existen, pero  cree debe ser aclarado cómo pasarán todos los contratos hacia esa modalidad. “Existe allí un vacío jurídico”.
 
Otro tema que preocupa a Ziritt  es que el proyecto elimina la obligatoriedad de hacer concursos y fijar la opción de contratación directa. “Por tema de transparencia debe mantenerse”.

Heredia cree que era necesaria una nueva Ley bajo el  nuevo marco constitucional; es decir, el Estado como actor económico importante, pero cree que el proyecto no aclara la participación  de la estatal Petroecuador   al decir  que la gestión de los recursos se hará con  empresas públicas. “Debe aclarar que será a través de Petroecuador, una empresa es suficiente”.
 
Luis Calero, del Foro Petrolero, cree que otro problema es que el proyecto también ignora lo dispuesto en el segundo inciso del Art. 316 de la propia Constitución, según el cual la participación del sector privado es excepcional. “En ninguna parte del anteproyecto se tipifica aquella excepcionalidad. Por el contrario, la mayor parte del texto propuesto regula las relaciones con las empresas privadas”, señala Calero.

Finalmente, considera que la Ley no mejorará la participación del Estado en los contratos privados. “En los contratos modificatorios temporales o transitorios, existen cláusulas mediante las cuales el Estado se comprometió a mantener el equilibrio  económica vigente, independientemente de la modalidad de contrato que fije el Gobierno”.

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