Tres de los siete integrantes del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) durante la sesión virtual del 26 de abril del 2021. Foto: Twitter Asamblea
El Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) calificó el proyecto de Ley orgánica para la gestión de emergencias sanitarias por pandemia y lo enviará para su trámite a la Comisión de Salud.
La decisión se tomó por unanimidad de los siete integrantes de este organismo el lunes 26 de abril de 2021, a cuatro días de que esta propuesta fuese remitida por el presidente Lenín Moreno.
Sin embargo, debido a los tiempos que se manejan para el trámite, la aprobación de esta norma quedaría para la nueva Asamblea que se instalará a partir del 14 de mayo, según anticipó el presidente saliente de la Legislatura, César Litardo (AP). La norma fue requerida hace ocho meses por la Corte Constitucional.
Según el Ejecutivo, con este proyecto se podrá actuar en casos de pandemia, por ejemplo, para restringir la movilidad de las personas. Pero el constitucionalista Jorge Benavides advierte que este proyecto es “demasiado amplio” al entregar competencias al Comité de Operaciones de Emergencia (COE).
“Se debe buscar una regulación con mayores especificidades, de modo que la potencial restricción del derecho a la libertad de tránsito sea proporcional y necesaria. Por principio sólo al Presidente le corresponde dictar estados de excepción y a partir de ellos restringir derechos”, sostuvo Benavides.
El proyecto incluye definiciones de zona de alerta sanitaria, alcance y temporalidad. También reglas para el control del comercio informal, mercados y ferias, centros comerciales, restaurantes y demás actividades comerciales, con sus respectivas multas y sanciones en caso de incumplimiento.
Pedido de juicio político a ministro Ortiz
Por otra parte, durante la sesión de ayer, 26 de abril, el CAL decidió enviar a la Unidad Técnica Legislativo (CAL) la revisión del pedido de juicio político presentado por el socialcristiano Dennis Marin en contra del ministro de Energía, René Ortiz, a quien acusa de no entregar información sobre los seguros petroleros y el pago de remuneraciones a trabajadores del sector.