2 de junio de 2020 22:33

Proyecto de ley da potestades a gobiernos locales para combatir al microtráfico; el debate se cerró

Este 2 de junio del 2020, los legisladores, en su mayoría, se refirieron a que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) municipales y metropolitanos adecúen estrategias que permitan, de manera más eficiente, combatir el microtráfico y consumo de dro

Este 2 de junio del 2020, los legisladores, en su mayoría, se refirieron a que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) municipales y metropolitanos adecúen estrategias que permitan, de manera más eficiente, combatir el microtráfico y consumo de droga. En la foto, el presidente de la Asamblea, Cesar Litardo. Foto: Flickr / Asamblea Nacional / Fernando Sandoval

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Redacción Seguridad

En la sesión 670, de manera virtual, el Pleno de la Asamblea Nacional, continuó con el segundo debate del informe de la Ley Orgánica contra el Consumo y Microtráfico de Drogas.

En la primera y segunda sesión, 19 legisladores realizaron sus observaciones al informe del texto.

Este 2 de junio del 2020, los legisladores, en su mayoría, se refirieron a que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) municipales y metropolitanos adecúen estrategias que permitan, de manera más eficiente, combatir este problema.

Además, destacaron que la norma permitirá fortalecer acciones en sectores puntuales.

Los legisladores señalaron que aproximadamente medio millón de ciudadanos fallecieron el último año por causas de droga, a nivel mundial.

“El Ecuador enfrenta un desafío que debe ser apoyado por todos los sectores: Estado, GAD, ciudadanía, organizaciones sociales provinciales, cantonales, parroquiales; barriales, entre otros”, dijeron los legisladores.

Las provincias donde más se registra consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, son Guayas, Pichincha, Manabí, Esmeraldas y Los Ríos que representan 60 toneladas de consumo de droga al año.

Los parlamentarios refirieron que el fenómeno afecta al 12,5% de la población joven, es decir, 13 de cada 100 ecuatorianos.

Los principales problemas son la falta de política pública, rehabilitación y especialización en la prevención y tratamiento.

Insistieron que es fundamental una ley cuyo espíritu se enmarca en la prevención y no en perseguir a los consumidores.

Así mismo, reiteraron que el enfoque debe ser integral y eficiente en la lucha contra las drogas, desde una perspectiva de salud pública.

Sobre los Centros de Atención para Adicciones manifestaron que muchos no cuentan con la capacidad física suficiente, ni con profesionales en las áreas de drogadicción, psicoterapia, y que estos deben ser fortalecidos en el marco de una estrategia nacional.

Dentro de la propuesta de la ley se contempla la constitución de un Comité Interinstitucional para la prevención de las drogas.

Ante esta propuesta, los legisladores precisaron que dicho Comité debe ser conformado también por representantes de los estudiantes del sistema público y privado de educación, así como de representantes de los estudiantes de universidades y escuelas politécnicas del país.

Esta instancia de prevención debe delinear procesos de enseñanza sobre el riesgo del consumo de drogas y la prevención dentro del sistema de educación básica, bachillerato y superior.

También los GAD y el Comité deberán articular legislación clara que no criminalice al consumidor sino que brinde atención especializada.

Según el proyecto, los medios de comunicación tienen un rol importante en la prevención.

Los Legisladores sugirieron que se incrementen los porcentajes de los contenidos, dentro de la distribución de la parrilla de programación, en materia de prevención sobre el uso y consumo de sustancias sujetas a fiscalización, en medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, y que estos sean expedidos en función de los lineamientos del Comité Interinstitucional.

Por otra parte, solicitaron que no se debe sugerir una reducción paulatina de contenidos en medios de comunicación que inciten a la tóxicomania y consumo de sustancias y narcotráfico de drogas, sino que se deben prohibir totalmente la difusión de estos programas.

Otro tema inherente al debate de esta norma se orientó en el sistema de educación. Por ello se sugirió que exista monitoreo y vigilancia en los centros de educación públicos y privados controlando la comercialización de las sustancias estupefacientes en inmediaciones y dentro de estas.

Otro planteamiento se orientó a incorporar programas académicos en la malla curricular en el sistema educativo a fin de que se aborden temas inherentes al consumo, uso, tráfico y comercio de drogas y el perjuicio en la salud y la sociedad.

Sobre el Fondo Concursable para programas de prevención de consumo y microtráfico de drogas, dijeron que se debe clarificar quién sería el encargado de la administración de dichos fondos.

Por ello, plantearon que este debería ser manejado y administrado por la máxima autoridad de seguridad del país, bajo los lineamientos del Comité Interinstitucional.

Ante los aportes de los 19 legisladores en dos sesiones de este debate, el presidente de esta mesa legislativa, Héctor Yépez, anunció que se incorporarán los textos recibidos a fin de ajustar y perfeccionar el texto final de la ley.

Este debate se retomará una vez que lo disponga el pesidente de la Asamblea Nacional, César Litardo.

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