Redacción Guayaquil
La regularización y el cobro por el uso del agua genera polémica en el sector camaronero que critica las medidas porque afectan a su sector. En cambio, las autoridades defienden los proyectos de Ley y la regularización.
Ahora se discute la Ley de Aguas y se propone cobrar a los camaroneros por el uso del agua de mar ¿Cuál es el argumento, ya que esa agua es devuelta al mar?
Se está revisando esa propuesta, pues el objetivo es que no se use mal el agua. Hay una mala redacción y eso originó una confusión. A veces hay que tener un conocimiento técnico para poder redactar la Ley.
¿Se equivocaron?
Hoja de vida
José Centanaro
Es biólogo y de la Universidad de Guayaquil. Fue Jefe de Producción y Administrador de diferentes camaroneras.
Fue director de Control de la Subsecretaría de Acuacultura y luego pasó a la Dirección General.
Lo que entiendo es que hay una posición dividida sobre el tema de los cobros del agua salada. Originalmente se iba a cobrar a las piscinas que tienen producción como la industria de la sal. Ellos sí consumen el agua que extraen del mar, pues esta se evapora y queda la sal. Ellos sí deben pagar.
¿Por qué incluyeron entonces a los camaroneros?
En el momento de redactar el borrador se incluyó la actividad acuícola porque hablan del uso de agua salada. Esa redacción hay que trabajarla rápido y corregir para que no haya confusión. La idea es cobrar a los sectores que usen agua de mar o de ríos.
¿A qué otros sectores se aplicará el cobro del agua?
La actividad acuícola en general no consume agua. Pero hay cultivos que sí la consumen, ya sea para regar las plantas como banano, café, cacao y demás; para alimentar al ganado, entre otras. Ahí se va aplicar también la Ley.
¿Cuál es la política camaronera que quiere aplicar el Gobierno a través de decretos y leyes?
Regularizarlos y que cumplan las leyes. En el pasado las concesiones o zonas de bahía se entregaron a los más pudientes y nunca se dio la oportunidad a los más pequeños ni a las comunas para que trabajaran en las camaroneras.
Pero ustedes fijaron un límite de 250 hectáreas por cada empresa, cuando hay compañías que tienen hasta 5 000 hectáreas…
Insisto, nadie fijó el límite, pues eso ya estaba en la Ley y solo se busca hacerla cumplir. Pero el Presidente les dio una nueva oportunidad y ahora se va a realizar un análisis técnico para determinar qué número de hectáreas es el adecuado. Pueden ser 600, 1 000 y hasta 5 000 hectáreas, todo dependerá del estudio.