Los mensajes circulaban entre militares activos y pasivos. Unos estaban escritos en papeles sin firma de responsabilidad y otros llegaban por correos electrónicos.
Allí se rechazaba una supuesta “política de reducción de los haberes económicos de los soldados en sus pensiones”.
Los mensajes, que comenzaron a circular desde el 2010 en los cuarteles, también decían que el Gobierno unificaría el Instituto de Seguridad Social de las FF.AA. (Issfa) y el IESS.
En febrero, la ministra de Defensa, María Fernanda Espinosa, hizo un llamado a los uniformados para “no caer en rumores infundados”.
Cuatro meses después, el presidente Rafael Correa y el movimiento País plantearon un proyecto de enmienda a la Constitución con 17 artículos.
Allí se dice, entre otras cosas, que la seguridad social es un derecho irrenunciable de la gente y se busca proteger “las pensiones jubilares de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional”.
¿Cuál es la situación actual del Seguro Militar? Desde su creación, el 7 de agosto de 1992, hasta el año pasado, el Issfa ha sumado 40 493 uniformados activos y más de 200 000 pasivos, familiares cercanos (esposas e hijos hasta 18 años).
Ellos se benefician de pensiones de retiro militar, seguros de invalidez, montepío, cesantía, salud, mortuoria, accidentes, vivienda y más. De hecho, el seguro abarca todos los eventos de riesgo asociados a la carrera militar.
El financiamiento económico del sistema de seguridad social de los militares se basa en los aportes patronales (USD 193,8 millones) e individuales (USD 171,5 millones) que corresponden un 51,8%. El Estado contribuye con USD 340,3 millones, que representan el 48,2%.
Darío Gallegos, miembro de la Asociación de Coroneles en Servicio Pasivo del Ecuador, también se encontraba la mañana de ayer en el Issfa. A su juicio, la enmienda constitucional es una solución para frenar los rumores sobre la situación del Issfa. Insiste en que haya una mayor socialización a los soldados para evitar problemas.
Osorio confirmó que dirigentes militares en servicio pasivo tienen una reunión hoy con el nuevo director del Issfa, el contralmirante Freddy García, quien ocupa el cargo desde el 12 de junio pasado. Su idea es aclarar dudas sobre cómo se manejarán las pensiones.
En la Comisión Legislativa de Soberanía y Relaciones Internacionales, Espinosa y el exdirector del Issfa, coronel Edwin Freire, justificaron la existencia del denominado régimen especial, en el que un 60% de aportes corresponde al Estado.
¿Qué ocurre en salud? Datos oficiales señalan que el pasado se invirtieron USD 43 millones y se realizaron 612 000 atenciones a los miembros de FF.AA.
En cuanto a los créditos hipotecarios, estos se entregan con un interés del 8,7%.
Para Ramiro García Falconí, presidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Penal, el proyecto de enmienda en esta materia servirá para calmar a los miembros de Policía y de las Fuerzas Armadas.
Apoyo a la Policía
Otro de los cambios que plantea la enmienda constitucional está en el artículo 3, numeral 8, que establece la necesidad de contar con las Fuerzas Armadas para optimizar el uso de sus recursos y así cooperar con la Policía en la seguridad interna.
La medida fue adoptada por las amenazas que representan el crimen organizado, la delincuencia transnacional y el narcotráfico, entre otros.
Esto no implica que las FF.AA. descuiden su tarea de garantizar la defensa de la soberanía e integridad territorial.
Así lo señala la Agenda Política de la Defensa 2014-2017, elaborada por el Ministerio de Defensa. Las tareas de los militares en seguridad interna son el control de armas, las operaciones de protección a las áreas de infraestructura estratégica y la seguridad y control marítimo.
Espinosa, en entrevista con este Diario, dijo que las Fuerzas Armadas no asumirán los roles de la Policía luego de que en la Asamblea fuera aprobada, en mayo pasado, la Ley de Servicio Público.
Las tareas de apoyo a la seguridad interna por parte de los soldados son parte de las reformas que se plantean dentro de la institución uniformada.
En otro aspecto de la reestructuración, una de las metas planteadas por el Comando Conjunto es reducir el número de uniformados y pasar de 42 000 a 34 500 hasta el 2025.
Para conseguirlo, la reforma apunta a reducir el número de cupos de ingreso en las escuelas de formación de militares.
Eso quiere decir que en las academias militares de la Fuerza Terrestre, Marina y Aviación se recibirán 500 aspirantes menos cada año.
Para los patrullajes de seguridad interna que realicen los militares, no se cambiará el armamento. Los soldados portarán sus pistolas de 9 milímetros o sus fusiles y se aplicará el uso progresivo de la fuerza.