30 directivos de las comunidades que se encuentran en las riberas y alrededores del fronterizo río San Miguel que divide a Ecuador reclamaron el pago de indemnizaciones por los daños ocasionados tras las aspersiones de glifosato. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO
Una caja con decenas de carpetas y documentos portaba la tarde de hoy, 20 de mayo del 2015, el dirigente de la Unión de Comunidades de la Frontera Norte Viva del Ecuador (Udecofvne), Santos Solórzano. Él representa a las personas que supuestamente no han recibido las indemnizaciones económicas que se entregaron por los daños ocasionados tras las aspersiones de glifosato en la zona limítrofe.
Junto a él estaban otros 30 directivos de las comunidades que se encuentran en las riberas y alrededores del fronterizo río San Miguel que divide a Ecuador (Sucumbíos) y Colombia (Putumayo) como Puerto Mestanza, Puerto Camacho, General Farfán, Puerto Nuevo, Puerto El Carmen, Barranca, Isidro Ayora, San Francisco, Nuevo Mundo, Puerto Ecuador…
Ellos decían que no se beneficiaron de los aportes económicos entregados a los perjudicados por las aspersiones de ese químico. Esto ocurrió luego que Colombia y Ecuador firmaran un acuerdo que puso fin a una demanda interpuesta contra Bogotá ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por las fumigaciones aéreas de cultivos de hoja de coca. Como parte del documento se pidió al vecino país que contribuyera con el desarrollo económico y social de la zona limítrofe mediante un aporte económico a los ecuatorianos damnificados.
“Pedimos que se nos reconozca la indemnización a toda la gente de frontera”, precisó Sólorzano y señaló que cerca de 1 200 personas no han recibido el dinero que les corresponde. Uno de ellos es Gonzalo Cox, dirigente de Puerto Nuevo, quien afirma que sus plantaciones de cacao y verde se han afectado por las fumigaciones.
Él mostraba carteles en los que pedía que les paguen lo que les corresponde y felicitó al Gobierno de Colombia por suspender definitivamente, hace dos semanas, las fumigaciones de glifosato en la frontera porque se trata de un químico “altamente cancerígeno”. Sin embargo, dice que esto no les ayuda en gran medida porque “nos han afectado” y los cultivos se han dañado.
Ellos recordaron que también hubo casos de afectaciones físicas como enfermedades en la piel. Así lo recordó Óscar Quintero, oriundo de la localidad General Farfán, y dijo que sus familiares padecieron problemas de ronchas tras las fumigaciones.
Solórzano indicó que los dirigentes de la frontera mantienen reuniones permanentes para tratar el tema. Este sábado se reunirán, a las 09:00, en el coliseo del colegio Rafael Rodríguez Palacios en la parroquia General Farfán para analizar las estrategias que van a implementar.
Solórzano contó que hoy se reunieron con funcionarios de la Presidencia de la República y Cancillería para pedirles que les ayuden con el pago de las indemnizaciones. Para mañana tienen previsto visitar las embajadas de Francia, Colombia, Estados Unidos y la sede de la Unión de Naciones Latinoamericanas (Unasur).